Luego de una intensa movilización política, el gobierno federal y estatal  lograron sentarse en la mesa con los productores de maíz de Sinaloa para definir un precio justo por tonelada. El acuerdo alcanzado, que fija un precio de 6,000 pesos, quedó por debajo de la cuota de producción estimada en 6,500 pesos por tonelada, lo que pone en evidencia que lo firmado no es un verdadero acuerdo, sino más bien un impasse temporal que abre la puerta a futuras negociaciones o, en su defecto, a la reactivación de un conflicto mayor entre gobierno y productores.

El factor central que atraviesa esta negociación es la estructura desigual del sector productor en Sinaloa. El esquema oficial favorece claramente a los medianos y grandes propietarios, quienes controlan más del 70% de la producción agrícola a través de paquetes tecnológicos y grandes extensiones de tierra. Sin embargo, esta representación no coincide con la realidad de los ejidatarios y pequeños productores, quienes trabajan parcelas de 10 hectáreas o menos. Este grupo, que está conformado aproximadamente por 22,000 productores —es decir, el 83% del total—, enfrenta serias limitaciones: altos niveles de endeudamiento con intermediarios de insumos, módulos de riego ineficientes y la falta de acceso a tecnologías adecuadas que reduzcan sus costos y optimicen su producción.

Como consecuencia, son estos pequeños productores quienes se encontrarán en la situación más crítica. Al tener menores volúmenes de producción y mayores costos asociados, difícilmente podrán cubrir los gastos mínimos de su cosecha bajo el esquema actual. Si bien es cierto que el gobierno federal ha otorgado un apoyo de 1,300 pesos por tonelada y el estatal complementó con 400 pesos, sumados al precio base de 4,300 pesos, lo que da ese total de 6,000 pesos, este esfuerzo sigue siendo insuficiente frente a los costos reales de producción que bordean los 6,500 pesos por tonelada.

Para lograr un umbral de rentabilidad que permita al productor sostener a su familia y evitar pérdidas, el precio tendría que alcanzar alrededor de 7,500 pesos por tonelada. Esto garantizaría una utilidad aproximada de 100,000 pesos por parcela, traducida en un ingreso mensual cercano a los 9,500 pesos. Aunque claramente insuficiente para un nivel de vida digno, sería un alivio tras tres años consecutivos de pérdidas que han puesto en riesgo la viabilidad de miles de familias campesinas.

Es evidente que la solución pasa por ajustar las políticas de apoyo para priorizar a los más vulnerables. Una propuesta viable sería recortar parte de los subsidios estatales dirigidos a medianos y grandes productores que concentran el 75% de la cosecha —unos 3 millones de toneladas— para reasignar esos recursos a los pequeños agricultores, quienes producen en torno a 800,000 toneladas. Reducir los 400 pesos por tonelada para los grandes podría liberar hasta 1,200 millones de pesos que, sumados a los 400 millones que hoy reciben los pequeños, elevarían su asistencia a 1,600 millones, fortaleciendo así a quienes verdaderamente están en situación de desventaja.

Desde luego, esta corrección implica buscar otras fuentes y mecanismos que permitan alcanzar un precio justo, justo porque proteja la producción, garantice la sustentabilidad económica del productor campesino y evite que esta negociación se convierta en otro capítulo perdido más en la historia del campo mexicano. De no hacerlo, el gobierno debe ser consciente que la crisis de los productores de maíz no solo persistirá, sino que se agudizará y abrirá nuevamente la posibilidad de nuevas movilizaciones y conflictos sociales que nadie desea, pero que parecen inevitables mientras persistan estas brechas estructurales.

Al final, la mesa de diálogo entre la 4T y los maiceros de Sinaloa es un reflejo exacto de la encrucijada en que se encuentra el campo nacional: un sistema de apoyos inequitativo, una producción fragmentada y una urgencia impostergable de cambiar reglas para proteger a los más vulnerables. El reto está lanzado y la respuesta definirá no solo la rentabilidad del maíz, sino la estabilidad social en una región clave para México.