* Para el amigo Isfa Leal Salazar y toda su familia, nuestra solidaridad por la pérdida de su querida madre, nuestra querida amiga Fany Salazar. DEP.
La campaña electoral del 2027 ya arrancó y, como buen espectáculo a la 4T, desde que llegaron nos han acostumbrado a que aquí no hay regla, ni ley ni autoridad electoral que valga. Desde junio de 2022, pasando por todo 2023 y hasta junio de 2024, Morena y su gobierno han montado un show electoral digno de circo romano: primero nominaron a Claudia Sheinbaum —porque sí, porque ellos mandan— luego organizaron su elección de Estado con la maestría del artista de la trampa y, para cerrar con broche de oro, violaron la legitimidad del Congreso de la Unión con una sobre representación grotesca. Todo esto, claro está, sin que nadie les pida permiso; la 4T es dueña y señora de las instituciones y se comporta como tal.
Hoy la ruta es más o menos igualita. A principios de marzo su consejo nacional dio el grito de salida para asignar delegados en todos los niveles electorales en junio, quienes ya son, de hecho, los pretensos candidatos. Nada es casualidad: todo está decidido, financiado y operado desde los gobiernos morenistas, con programas sociales que para septiembre habrán alcanzado a 38 millones de mexicanos, casi el 40% de la población. Es la fórmula para asegurar votos y mantener el poder sin importar lo legal o ilegal que resulte. Al INE lo reducen a la mera respuesta simbólica, con la frase mágica: “Nada más que respetan los lineamientos de la ley”. Pero, ¿qué ley? La que dicta la 4T, todo lo demás es mero trámite.
En Sinaloa, por ejemplo, el gobernador Rubén Rocha se volvió el ‘factótum’ político de Morena, moviendo piezas y decidiendo candidaturas municipales y distritales a su antojo, sometiendo o expulsando a aliados incómodos. Los aspirantes bailan al son que él marca, excepto quizá Melda Castro, que ha logrado construir alianzas con grupos nacionales y la cúpula presidencial, colocándose como precandidata fuerte, aunque aún por debajo del gobernador.
Este choque interno se expresa claramente en el conflicto entre diputados locales y el grupo mayoritario de Morena, sobre el despido abusivo de la responsable de la unidad técnica de evaluación del Congreso. La respuesta del poder fue rápida: una denuncia contra la diputada Imelda Castro por actos anticipados de campaña, promovida desde el Tribunal Estatal Electoral, íntimamente coordinado con Palacio de Gobierno. Así, el gobierno controla y somete los actos políticos no afines, dejando ver la torpeza política y abuso de poder que desnuda la maquinaria electoral morenista.
Mientras tanto, personajes como Feliciano Castro juegan a promotores culturales más que políticos, en un escenario donde se estimula y hasta se obliga a realizar actos preelectorales, sin mayor consecuencia más que la aceptación sumisa.
En resumen, lo que se viene es más de lo mismo: campañas adelantadas, control férreo desde el gobierno, manipulación de las instituciones y un sistema electoral convertido en teatro para legitimar lo que la 4T ya decidió. Los reacomodos políticos están en marcha y aunque algunos intentan diferenciarse, la mayoría seguirá la línea marcada desde arriba.
Así es la democracia morenista: un espejismo de legalidad que solo sirve para perpetuar un régimen autoritario disfrazado de revolución. Esta historia se repite y la función no tiene final anunciado, solo actúan y nosotros a aguantar el show.