Hoy inicia el tercer periodo legislativo de la LXVI Legislatura Sinaloense, pero no sin el estigma de una reunión extraordinaria que pasará a la historia como un bochorno para los diputados locales. El reciente despido de Silvia Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación, ha dejado en evidencia más que una simple controversia administrativa; ha desenmascarado profundas fisuras en la lucha contra la corrupción dentro del Congreso y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La excusa oficial para remover a Pineda Prado fue la presunta duplicidad de funciones, un argumento peregrino que no resiste análisis frente a la gravedad de las irregularidades que ella denunció. Su pecado capital fue señalar anomalías en la construcción y ampliación del propio edificio de la ASE, obra que debía ser ejemplo de transparencia y legalidad. En cambio, esas señalamientos revelaron un entramado de complicidades, donde la auditoría encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos decidió voltear hacia otro lado.
Esta actitud de encubrimiento no solo compromete la imagen de la ASE, sino que pone en tela de juicio la integridad del Congreso, que, lejos de proteger a quien alza la voz contra la corrupción, optó por silenciar a la funcionaria incómoda. La comisión de fiscalización, respaldada mayoritariamente por Morena, el Verde Ecologista y un diputado del PAS, utilizó su mayoría calificada para consumar el despido en pleno miércoles de Semana Santa, aprovechando el receso y la menor atención pública para cerrar filas tras un acuerdo polémico.
La votación final, con 27 votos a favor del cese, 6 en contra y varias ausencias estratégicas, refleja una fractura política clara. Un bloque encabezado por figuras como Imelda Castro mostró resistencia, pero resultó insuficiente ante la mayoría oficialista. La oposición, con actitudes discretas, también mostró reticencias, dejando en evidencia la complejidad del tablero político sinaloense, donde las alianzas son fluidas y las lealtades se ponen a prueba ante escándalos de corrupción.
El epílogo de este episodio no es alentador. La destitución de Silvia Alejandra Pineda Prado parece un mensaje claro: quienes denuncian maleantes internos serán sacrificados por el sistema que desean vigilar. Más allá de la fachada institucional, persiste una cultura de impunidad y opacidad, donde los mecanismos de control se convierten en instrumentos para proteger redes clientelares y actos ilegales.
Mientras tanto, la sociedad sinaloense observa atónita cómo sus representantes renuncian a la responsabilidad ética y política que el cargo exige. La polémica está abierta y las corrientes de opinión empiezan a polarizarse, pero la verdad es que, sin voluntad clara y acciones contundentes, la corrupción seguirá enquistada en el corazón mismo de las estructuras de fiscalización pública del estado.
Este capítulo negro en la LXVI Legislatura es un llamado urgente a la ciudadanía y a los actores políticos para exigir transparencia real, rendición de cuentas y, sobre todo, protección para quienes luchan contra las irregularidades internas. De lo contrario, el sistema seguirá devorándose a sus propios guardianes, y los recursos públicos continuarán siendo saqueados bajo el manto de la impunidad.
