Así decían nuestros viejos cuando las cosas iban mal, ojeando con la mirada en el horizonte, y así veo a lo lejos a Gerardo Vargas Landeros. Su trayectoria reciente, marcada por el fallo de la Suprema Corte sobre su demanda de inconstitucionalidad extemporánea, es emblemática del laberinto político que enfrentan muchos mexicanos al buscar justicia. Porque en nuestro país, el blindaje al poder político es casi un ritual; cuando llega la sentencia, suele ser la más inusitada, pero casi siempre termina favoreciendo al poder establecido. La Corte, que hoy trabaja de la mano con el poder político, se ha convertido en una pieza clave para entender estas disputas.
La sorpresa fue generalizada cuando Gerardo Vargas logró llevar su querella hasta esos niveles, despertando especulaciones que, sin embargo, no fueron suficientes para cambiar la realidad impuesta desde la primera agenda de discusión que abordó su caso. Quedó claro desde ese momento que la sentencia definitiva contra él era cuestión de tiempo, como ocurrió apenas una semana después. Este desenlace no es exclusivo ni sorprendente si consideramos la historia política local reciente.
Gerardo compartió destino con Jesús Ferreiro y el «químico» Benítez, ex presidentes municipales de Culiacán y Mazatlán, respectivamente, quienes también fueron desaforados bajo procedimientos similares. Los tres conocían bien el poder cuasi absoluto de Rubén Rocha, quien arrasó en las elecciones de junio de 2021 y tomó el poder el primero de noviembre del mismo año. La destitución de Héctor Melesio Caen de la Secretaría de Salud, seis meses después, fue un preámbulo a la autocracia que el gobernador pretendía instaurar. Ni Jesús Ferreiro ni el químico Benítez atendieron los avisos, y Gerardo Vargas Landeros, ya en su segundo mandato como presidente municipal de Ahome, tampoco lo hizo.
Lo que hemos presenciado es un claro ejemplo de concentración y abuso de poder en Sinaloa. Rubén Rocha impuso con descaro a su “ahijada” en Mazatlán y a su “ahijado” en Culiacán, asegurándose el control de los principales poderes locales después del gobierno estatal. Intentos previos de Gerardo para vulnerar la Universidad Autónoma de Sinaloa y apoderarse del control institucional fueron señales inequívocas del autoritarismo que se estaba gestando.
Al inicio de 2024, con su segundo mandato en marcha, Gerardo comenzó a recibir ataques desde el llamado “fuego amigo” mediante las auditorías del estado y el Congreso local. Esto lo llevó inevitablemente al banquillo de los acusados en la Cámara de Diputados, donde fue desaforado, mientras la Fiscalía armaba expedientes que hoy se debaten en los tribunales. Un destino que parecía anunciado, pero que es reflejo de una maquinaria política implacable.
Más allá del caso puntual de Gerardo Vargas, estamos frente a un periplo político lleno de escándalos, perversidades y manipulaciones legales que terminan por corroer a las instituciones. La construcción de una ruta de irregularidades y abusos crea un ambiente político embarrado en fango, que no solo hiede, sino que entristece a nuestra sociedad. La impunidad disfrazada de legalidad y el uso faccioso de los instrumentos del Estado nos recuerdan que la justicia en México sigue siendo un espejismo cuando se enfrenta al poder consolidado.
