“El hombre es una multitud solitaria de gente, que busca la presencia física de los demás para imaginarse que todos estamos juntos”, Carmen Martín Gaite (1925-2000) Novelista española.

 

PUNTO DE QUIEBRE

La discusión sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral vuelve a colocar en el centro del debate nacional un tema que, aunque técnico en apariencia, es profundamente político: quién organiza, quién vigila y, sobre todo, quién confía en las elecciones.

Porque más allá de cifras, estructuras o procedimientos, lo que está en juego no es solamente el funcionamiento del sistema electoral, sino la credibilidad de uno de los pocos consensos que México logró construir tras décadas de conflictos: la certeza del voto.

El argumento oficial es claro y, en muchos sentidos, legítimo. Se habla de austeridad, de simplificación, de eliminar excesos. No es un secreto que el sistema electoral mexicano es costoso, ni que existen áreas que pueden optimizarse. En un país con profundas desigualdades, cualquier reducción de gasto público parece no solo deseable, sino necesaria.

Sin embargo, la política rara vez es lineal.

Reducir no siempre significa mejorar.

Y simplificar no necesariamente implica fortalecer.

Ahí es donde el “Plan B” deja de ser un ajuste administrativo y se convierte en una decisión de fondo: redefinir el papel del árbitro electoral.

El Instituto Nacional Electoral no es una institución cualquiera. Es el resultado de una larga transición democrática que buscó, precisamente, quitarle al poder político el control de las elecciones. Su fortaleza no radica solo en su estructura, sino en su autonomía.

Debilitar esa estructura —aunque sea bajo el argumento de eficiencia— abre una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede reducirse sin afectar su capacidad de garantizar elecciones confiables?

Porque organizar una elección no es un acto sencillo. Es un proceso que requiere logística, supervisión, capacitación, fiscalización y presencia territorial. Cada recorte tiene una consecuencia, y cada ajuste modifica el equilibrio.

En este contexto, el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum enfrenta un reto complejo: mantener la narrativa de transformación sin romper los cimientos institucionales que sostienen la legitimidad democrática.

No es menor.

La historia reciente ya dejó lecciones. Cuando el primer intento de reforma fue frenado por la Suprema Corte, quedó claro que existen límites constitucionales y que el diseño electoral no puede alterarse sin considerar el marco legal. Pero también evidenció que la intención de modificarlo sigue vigente.

Y ahí es donde el análisis se vuelve más profundo.

El “Plan B” no es solo una reforma: es una señal.

Una señal de que el poder político busca reconfigurar su relación con las instituciones autónomas.

Una señal de que la austeridad puede convertirse en argumento para rediseñar equilibrios.

Y una señal de que el control —aunque no se diga abiertamente— forma parte del debate.

Pero en política, como en la vida, no todo es intención. También cuentan las percepciones.

Y la percepción de un árbitro debilitado puede ser tan peligrosa como un árbitro parcial.

Porque al final, las elecciones no solo deben ser limpias; deben parecerlo.

La confianza no se decreta. Se construye.

Y se puede perder más rápido de lo que se imagina.

Hoy, el dilema no es si el sistema electoral debe cambiar. Eso es inevitable en cualquier democracia viva. El verdadero dilema es cómo hacerlo sin comprometer lo que tanto costó construir.

Entre la austeridad y la autonomía.

Entre la eficiencia y la certeza.

Entre la transformación y el riesgo.

Ahí, justo ahí, es donde se encuentra el verdadero debate.

Y es ahí donde se definirá si el “Plan B” es una evolución necesaria… o una vereda peligrosa.

LOS DESTAPES

La semana pasada no fue una más en la vida política de Sinaloa. Fue, en realidad, el punto de partida visible de una carrera que ya había comenzado en silencio, pero que ahora empieza a tomar forma pública: la sucesión gubernamental de 2027.

Los primeros movimientos no dejaron lugar a dudas. Morena mostró que su proceso interno no será terso ni de trámite. Los nombres de Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Inzunza Cázarez se colocaron en el centro de la conversación, con una competencia cerrada que, más allá de números, refleja algo más profundo: la disputa por el control político del proyecto en Sinaloa. A esto se suma el factor de equidad de género, donde perfiles como el de Imelda Castro introducen una variable que podría redefinir completamente la decisión final.

Pero el tablero no se limita al partido en el poder. El Partido Verde comenzó a enviar señales claras al colocar a Ricardo Madrid Pérez como una de sus cartas para integrarse a la dinámica de la coalición oficialista, dejando ver que no pretende ser solo un acompañante, sino un actor con aspiraciones propias.

En la oposición, el PRI también dio indicios de reorganización al perfilar a figuras como Paloma Sánchez y Mario Zamora, en un intento por reconstruir competitividad en un escenario que, hasta ahora, le ha sido adverso. Más allá de nombres, el mensaje es claro: nadie quiere quedarse fuera de la conversación.

Sin embargo, lo que vimos la semana pasada es apenas el primer capítulo.

Lo que viene en los próximos días será aún más revelador.

Porque si algo caracteriza a la política sinaloense es que los tiempos formales poco importan frente a los tiempos reales. Y esos tiempos ya comenzaron a correr. Se anticipa que en breve otros actores —desde distintos partidos y corrientes— comenzarán a manifestar abiertamente sus intenciones. Algunos lo harán con prudencia, otros con estrategia, y no faltarán quienes opten por el posicionamiento mediático inmediato.

No solo se trata de la gubernatura.

El efecto dominó ya está en marcha.

Conforme se muevan las piezas arriba, comenzarán a activarse las estructuras abajo. Aspirantes a alcaldías y diputaciones locales empezarán a levantar la mano, buscando posicionarse en un escenario donde la anticipación puede marcar diferencia. Porque en política, quien llega tarde no solo pierde oportunidad, pierde narrativa.

Y ahí es donde el proceso se vuelve más complejo.

Lo que está en juego no es únicamente una candidatura, sino la configuración completa del poder en Sinaloa. Cada destape, cada declaración, cada movimiento medido o filtrado, forma parte de una estrategia mayor donde se cruzan intereses partidistas, acuerdos nacionales y realidades locales.

La elección de 2027 no se decidirá en un solo momento.

Se está construyendo desde ahora.

Por eso, más que ver nombres aislados, hay que observar patrones: quién se mueve, cuándo lo hace, con quién aparece y bajo qué discurso. Porque en esos detalles se encuentra la verdadera lectura del proceso.

La semana pasada nos dio las primeras pistas.

Los próximos días comenzarán a revelar el mapa completo.

Y en ese mapa, como siempre, no necesariamente ganará quien más suene, sino quien mejor entienda las reglas —escritas y no escritas— del poder.

marcoantoniolizárraga@entreveredas.com.mx

Facebook, Instagram y X: PeriodistaMarco