El motivo de la crisis
En la actualidad, la situación de inseguridad y violencia que se vive en diversas regiones de México es indiscutible. Sin embargo, parece que una actitud de negación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum perpetúa un problema que se agrava día a día. La política de avestruz, donde se esconden las cabezas bajo la arena ante una realidad cruda y dolorosa, no hace más que sumar un estigma más a la gestión gubernamental en temas de seguridad. No se trata de cuestionar si se toman medidas o no, sino de reconocer que, a pesar de los operativos anunciados y las declaraciones altisonantes, la violencia sigue desbordándose en el país.
El pasado sábado tuvo lugar una crucial reunión entre el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump y su secretario de estado Marco Rubio, junto con mandatarios de 20 países latinoamericanos en la cumbre Escudo de las Américas. Allí, se planteó la necesidad de formar una coalición militar contra el crimen organizado en el continente, un esfuerzo importante para erradicar las organizaciones criminales que asolan a nuestros países. La intervención de México en este contexto es esencial, y sin embargo, la insistencia de la presidenta Sheinbaum en mantener que «México es soberano y no permitirá la incursión de fuerzas extranjeras» parece ser una postura absurda y anacrónica.
Es fundamental reconocer que el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, es un problema de interés internacional. Las políticas compartidas en la lucha contra estas mafias son necesarias, y la colaboración ya existente entre México, Estados Unidos y Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular lo demuestra. Sin embargo, la posición aislacionista de la presidenta no solo se muestra como un obstáculo, sino que también pone en tela de juicio la capacidad del gobierno mexicano para enfrentar este reto de manera efectiva.
La realidad es que los resultados son cada vez más alarmantes. Bandas delictivas en el Bajío, como las que operan en Irapuato, han crecido hasta constituir enormes corredores de extorsión que van desde Guanajuato hasta la Ciudad de México. Michoacán, por su parte, es un ejemplo evidente de que ciertas regiones del país están fuera de control, lo que ahonda en la percepción de un Estado que flaquea frente al poder del narco.
Las recientes misiones conjuntas con Estados Unidos y Guatemala, así como la captura de personajes como Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», demuestran que sí hay acciones que permiten abatir ciertos niveles de criminalidad. Aún así, la pregunta que persiste es: ¿por qué pequeñas bandas siguen operando con total impunidad? La incapacidad del gobierno para desmantelar estas organizaciones menores a menudo resulta en la percepción de que los gobiernos son, en cierta medida, cómplices del narcotráfico, llevándonos al límite de un narcoestado.
Durante la cumbre, la respuesta de la prensa a la postura de la presidenta fue clara: su declaración de «hay que actuar con cabeza fría» no resuena con la urgencia que la situación amerita. En tiempos donde la inercia criminal camina hacia un acuerdo entre las naciones, se hace necesario un diálogo abierto entre los diversos niveles de gobierno, las fuerzas armadas y los gobiernos estatales. Permanecer como rehenes del crimen organizado no es una opción viable; es crucial encontrar una solución que aborde y no prolongue el sufrimiento de la sociedad.
Por ende, la negación de la realidad no es solo un acto político, sino un atentado contra el bienestar de la ciudadanía. Solo a través del reconocimiento de la problemática y la adopción de medidas efectivas, México tendrá la oportunidad de recuperar el control sobre su seguridad y su futuro. La concentración en la soberanía a expensas de la seguridad es una línea peligrosa y que, claramente, no ofrece respuestas ante la creciente ola de violencia y caos que enfrenta nuestro país.
