La semana pasada, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, posó en el Zócalo de la capital del país, justo afuera del Palacio Nacional, un edificio que algunos consideran la fábrica de mentiras construida por el presidente AMLO. En ese escenario, acompañado de su secretario de Agricultura, Andrés Bello, anunció con gran pompa que la presidenta Sheinbaum apoyará la comercialización del maíz de Sinaloa. Sin embargo, tras esas declaraciones se teje una soga de traición que podría ahogar a los agricultores mexicanos.

El contexto es claro: mientras el gobernador alardea sobre el apoyo gubernamental, los hechos demuestran lo contrario. En la zona del Bajío, la segunda productora de maíz del país, los productores cosecharon su maíz entre octubre y diciembre pasado con un precio tope de 6,500 pesos por tonelada. En contraste, los industriales introdujeron de Estados Unidos un millón de toneladas a un precio de 4,000 pesos por tonelada en enero. No se necesita ser un economista para entender que esta discrepancia pone en riesgo la viabilidad del sector agrícola mexicano.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, el país ha visto un aumento escandaloso en las importaciones, llegando a cifras récord del 292% respecto a 2024. Es evidente que la dependencia de productos agrícolas del exterior, en particular del maíz estadounidense, está en aumento. Las importaciones de granos y oleaginosas han crecido un 13% en comparación con el año anterior, lo que demuestra la fragilidad de nuestra producción interna.

A esta alarmante situación se suma la sequía que ha azotado al país durante los últimos tres años y el retiro de más de 60 programas de apoyo a agricultores implementados por el gobierno federal. Esto modifica la ecuación de producción y pone en jaque la capacidad de Sinaloa para alcanzar sus niveles de producción anteriores. Se estima que para 2026, Sinaloa solo alcanzará una producción de 3 millones de toneladas de maíz, un descenso abismal respecto a las 6 millones que se cosechaban hace unos años.

El clamor de los agricultores no parece resonar en los oídos del gobierno. La reciente manifestación en 23 estados, que demandó un blindaje efectivo para la producción de maíz del Bajío, fue ignorada. A pesar de las promesas de la presidenta Sheinbaum, la realidad muestra que los maiceros del Bajío les están siendo ofrecidos precios de apenas 4,500 pesos por tonelada, mientras que se siguen importando grandes volúmenes a precios mucho más bajos. Este manejo frívolo e irresponsable refleja una desconexión alarmante del gobierno con el sector agrícola, uno de los pilares económicos del país.

La amenaza de un boicot al Mundial de fútbol de la FIFA 2026 por parte de la organización Campesinos Unidos de México, liderada por Baltazar Valdez, ha puesto en evidencia la desesperación del sector. Un caos inédito estalló en noviembre pasado con protestas en 23 estados, y la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno de la 4T puede llevar a un conflicto social serio.

¿Qué hará la Cuarta Transformación ante esta crisis latente? Es difícil confiar en que el gobierno actuará en favor de la producción nacional cuando la política agrícola actual parece priorizar las importaciones a bajo costo. Sin garantías para el mercado interno y sin precios rentables, el futuro de la agricultura en México es sombrío. ¿A quién culparán los de la 4T cuando, inevitablemente, se desate el caos que ya asoma en el horizonte? Es hora de que los líderes de este país tomen medidas concretas que aseguren un futuro próspero para nuestros agricultores y la soberanía alimentaria de México. La traición al maíz no solo es un asunto económico; es un asunto de dignidad nacional.