“En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible” , Albert Camus (1913-1960) Escritor francés.

A LA CABEZA

La iniciativa presentada por el diputado federal Ricardo Madrid, del Partido Verde Ecologista de México, para reformar el artículo 123 constitucional y endurecer las restricciones al trabajo de menores de edad, coloca un tema incómodo pero necesario en el centro del debate público: hasta dónde debe llegar el Estado para proteger a la niñez y hasta dónde su intervención puede chocar con la realidad social del país.

Madrid no opta por el camino fácil. Elevar de 16 a 18 años la prohibición para trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos no es una propuesta cosmética, sino una postura política clara que busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales de protección infantil. En el discurso, la iniciativa es difícil de refutar. Nadie podría defender que niñas y niños sigan expuestos a jornadas extenuantes, riesgos físicos o entornos que comprometan su desarrollo integral.

Sin embargo, la propuesta del legislador verde también exhibe las tensiones entre el ideal normativo y la realidad económica del país. En vastas regiones de México, el trabajo infantil no surge por lagunas legales, sino por carencias estructurales: pobreza, informalidad laboral, falta de oportunidades educativas y un Estado que no siempre llega a tiempo. En ese contexto, la reforma constitucional corre el riesgo de convertirse en una respuesta jurídica a un problema social más profundo.

Uno de los puntos más delicados de la iniciativa es la exigencia de haber concluido la educación obligatoria —hasta el nivel medio superior— como condición para que un menor pueda trabajar legalmente. La intención es clara: evitar la deserción escolar. No obstante, la rigidez de este requisito podría empujar a miles de adolescentes a la economía informal, donde ni el registro nacional propuesto ni las inspecciones laborales tendrían alcance alguno. La ley, en ese escenario, terminaría regulando solo a quienes ya cumplen, dejando fuera a los más vulnerables.

El planteamiento de crear un Registro Nacional de Adolescentes Trabajadores revela una visión más técnica y operativa del problema. De implementarse correctamente, podría convertirse en una herramienta útil para la supervisión y la protección de derechos. Pero también plantea un desafío mayúsculo: la capacidad institucional para administrarlo, actualizarlo y hacerlo efectivo en un país donde la inspección laboral sigue siendo limitada y desigual.

En términos políticos, Ricardo Madrid se posiciona como un legislador que busca construir identidad desde causas socialmente incuestionables. El combate al trabajo infantil no solo es una obligación ética, también es una bandera que genera consenso. El reto para el diputado no estará en defender la iniciativa en tribuna, sino en demostrar que su propuesta no se queda en el terreno del simbolismo legislativo.

Porque al final, prohibir es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es garantizar que cada niña y cada niño tengan condiciones reales para estudiar, desarrollarse y vivir sin que el trabajo sea una imposición temprana. Ahí es donde la iniciativa de Ricardo Madrid deberá probar si es un paso firme hacia una política pública integral o solo una buena intención bien redactada.

MAS MEZCLA ‘MAISTRO’

La confirmación de una nueva auditoría forense al municipio de Ahome por parte de la Auditoría Superior del Estado no es un hecho menor ni un trámite administrativo más. Se trata de una decisión que vuelve a colocar en el centro del debate público la gestión de Gerardo Vargas Landeros y, sobre todo, la manera en que se ejercieron recursos públicos durante su primer trienio como alcalde.

Que esta revisión derive de una denuncia formal y esté incorporada al Programa Anual de Auditorías 2026 revela dos cosas: que las observaciones no fueron marginales y que, para el órgano fiscalizador, las explicaciones ofrecidas hasta ahora resultaron insuficientes. Cuando se habla de una auditoría forense, el mensaje es claro: no se trata de simples inconsistencias contables, sino de posibles esquemas de uso irregular de recursos que requieren un análisis profundo y especializado.

El foco de la investigación —los recursos destinados a servicios de limpieza urbana— resulta particularmente sensible. Camellones, parques y panteones son rubros visibles para la ciudadanía, pero también históricamente vulnerables a la opacidad, precisamente porque se prestan a contratos difíciles de verificar en campo. La ausencia de documentación que acredite el destino de esos recursos no solo compromete a la administración que los ejerció, sino que erosiona la confianza pública en el manejo cotidiano del presupuesto municipal.

El periodo bajo revisión, de 2021 a 2023, no es casual. Corresponde a la etapa en la que Vargas Landeros consolidó su control político sobre el Ayuntamiento de Ahome y tomó decisiones clave en materia de contratación y gasto. Hoy, esa etapa vuelve a revisarse no desde el discurso político, sino desde la lupa técnica de la fiscalización.

Este nuevo episodio se suma a un contexto ya complejo para el exalcalde. La reciente auditoría forense a Japama por el arrendamiento irregular de 42 vehículos, con un presunto daño patrimonial superior a los 31 millones de pesos, dejó claro que las irregularidades no eran hechos aislados, sino parte de una forma de administrar que hoy está siendo cuestionada de manera sistemática. Cuando las auditorías forenses se acumulan, la narrativa de errores administrativos pierde fuerza.

En el plano judicial, el panorama para Vargas Landeros se vuelve cada vez más estrecho. Tres procesos en curso, montos que superan los 200 millones de pesos y ahora una nueva revisión que podría derivar en responsabilidades adicionales configuran un escenario que trasciende lo político y entra de lleno en el terreno legal. La posibilidad de que esta auditoría derive en un nuevo expediente judicial no es una especulación, es una consecuencia prevista en la propia ley.

Más allá de nombres y cargos, el caso Ahome pone sobre la mesa un tema de fondo: la fragilidad de los controles internos en los municipios y la necesidad de que la fiscalización no sea selectiva ni tardía. La Auditoría Superior del Estado envía un mensaje contundente: el paso del tiempo no borra las responsabilidades y el cambio de administración no extingue las cuentas pendientes.

Para Gerardo Vargas Landeros, esta auditoría forense no solo revisa cifras y contratos; revisa su legado político. Y en política, pocas cosas pesan más que dejar una administración marcada por la sospecha. El desenlace de este proceso no solo definirá responsabilidades legales, sino también el lugar que ocupará su nombre en la historia reciente de Ahome.

GESTIONES

La reunión de Estrella Palacios Domínguez con la alta dirección de Conagua en la Ciudad de México confirma una línea de acción clara: la alcaldesa busca posicionar a Mazatlán en la agenda federal de infraestructura hidráulica antes de que el crecimiento urbano vuelva a rebasar la capacidad de los servicios básicos. No es un movimiento menor ni protocolario; es una gestión preventiva en un rubro históricamente rezagado.

El énfasis en la ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales revela una lectura correcta del problema: el saneamiento ya no es solo un tema técnico, sino ambiental, turístico y de salud pública. Para una ciudad con vocación turística y expansión acelerada, no atender este frente implica riesgos económicos y sociales a mediano plazo.

Políticamente, Palacios Domínguez refuerza un perfil de alcaldesa gestora, dispuesta a tocar puertas en el ámbito federal y a articular proyectos con financiamiento mixto, como ya ocurrió con las obras de drenaje iniciadas en enero bajo el esquema Prodder. La clave estará en traducir estas reuniones en recursos concretos y obras ejecutadas, porque en materia hidráulica, los anuncios pesan menos que los resultados.

RETOS

La comparecencia de Omar López Campos ante el Congreso de Sinaloa muestra una Secretaría de Bienestar que apuesta por el volumen de cifras y la alineación política con la Cuarta Transformación como eje central de su narrativa. Los datos presentados —reducción de la pobreza, universalización de la pensión para personas con discapacidad e inversiones millonarias en infraestructura social— buscan proyectar una administración con resultados medibles y enfoque social.

Sin embargo, el reto para Sebides no está solo en el número de beneficiarios o montos ejercidos, sino en la sostenibilidad y evaluación de impacto de estas políticas. Programas como la atención a desplazados, la entrega masiva de escrituras o las acciones en pueblos originarios requieren seguimiento permanente para evitar que se queden en intervenciones asistenciales y logren una verdadera integración social y productiva.

En términos políticos, López Campos refuerza la narrativa de continuidad del proyecto de Rubén Rocha Moya y consolida a Sebides como una de las dependencias con mayor peso social del gabinete. La expectativa ahora recae en que los avances reportados se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas para las comunidades más vulnerables del estado.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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