Culiacán, Sinaloa. A 20 de enero de 2026.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad este martes reforma al Código Penal para el Estado de Sinaloa que adiciona nuevos agravantes en el delito de robo de vehículo, con lo cual se eleva la pena de prisión de cuatro a ocho años adicionales a la ya establecida, que va de cinco a 15 años.

La reforma aprobada en Sesión Ordinaria contempla adicionar un cuarto párrafo al artículo 207 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y fue propuesta por la diputada Tere Guerra, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

El artículo 207 establece que:
“Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos cincuenta días multa”.

El cuarto párrafo que se propone adicionar establece que:
“La pena prevista en el primer párrafo de este artículo se aumentará de cuatro a ocho años más de prisión, si a bordo del vehículo se encuentran mujeres, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad”.

Es decir, además de la pena que se le impondrá al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, si a bordo del vehículo se encuentran mujeres, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, dicha pena se aumentará de cuatro a ocho años más de prisión.

El diputado Hólincer Castro Marañón, de Morena, subió a tribuna para hablar a favor de la reforma, y aseguró que esta parte de una realidad innegable que se vive en Sinaloa, como es el crecimiento del delito de robo de autos, y que además se pone en riesgo la integridad y la vida de personas de grupos vulnerables.

Aseguró que esta reforma no trata de un delito patrimonial únicamente, sino que busca proteger a mujeres, niñas y niños, así como personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En Morena, dijo, sostenemos que la seguridad pública debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos, por lo que el Estado tiene la obligación de brindar una atención reforzada a quienes están expuestos a la violencia y a la discriminación.

“La reforma es una acción de prevención y de justicia social”, dijo.

Esta reforma, de acuerdo a artículo transitorio, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa».

REDACCIÓN/VISION CIUDADANA.