Por X o Y, aún hay universitarios activos y jubilados que, por razones que escapan a la lógica y al sentido común, no logran ver la magnitud de los acuerdos que giran en torno a la reingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Cada pedazo de esta reingeniería, no solo está teñido de esfuerzos conciliatorios entre todos los universitarios, sino que también se convierte en un acto de resistencia ante un gobierno de la República cuyo enfoque educativo parece más un lastre que una ayuda. En este contexto, el fenómeno de la austeridad gubernamental se asemeja a un estrangulador al que se le ha dado carta blanca para asfixiar la educación superior en el país.
Durante las últimas décadas, la UAS ha visto cómo sus finanzas se desmoronaban, en gran parte debido a una jubilación dinámica que nunca encontró su vía de financiamiento adecuada. Ahora, tras 46 años de desidia, se ha logrado la creación de un fideicomiso que debió existir desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué les ha costado a trabajadores y jubilados de la UAS esa tardanza? La respuesta es sencilla, pero desgarradora: la acumulación de 30,000 millones de pesos—más de 1500 millones de dólares—que bien podrían haber generado rendimientos anuales de entre 2500 y 3000 millones. Esta cifra no solo hubiese permitido financiar la jubilación dinámica, sino que también podría haber impulsado otros proyectos vitales para la universidad. Pero, claro, el «hubiera» es un espejismo; un lamento que no puede cambiar el curso de una historia plagada de egoísmo y de la falta de un auténtico espíritu universitario.
Ahora se recurre al liderazgo del rector Jesús Madueño Molina, quien, junto con una inmensa mayoría de trabajadores y jubilados, ha levantado la voz para construir un acuerdo significativo. Este acuerdo, sin duda, dota a la UAS de una fortaleza monumental en este incierto escenario nacional, donde las políticas educativas parecen ser los viejos caballos de Troya de un enemigo interno. Con su resonancia épica, esta reingeniería se presenta como un faro de esperanza que resuena con los ideales de cobertura educativa, calidad académica y responsabilidad hacia el pueblo sinaloense.
Sin embargo, esta travesía no está exenta de obstáculos. Aquellos que levantan la voz en contra de la UAS son, en muchos casos, eco de un resentimiento que nada construye, sino que busca arrebatar beneficios personales. Se trata de piratas que, en su codicia, olvidan que su accionar no solo daña a la institución, sino también al tejido de confianza que sostiene la actividad universitaria. La resolución del consejo universitario de actuar legalmente contra estos descalificadores es tanto un acto de justicia como de defensa institucional. Se concede espacio al disenso—como debe ser en toda democracia—pero cuando el debate se transforma en injurias y distorsiones, se cruzan límites que la UAS no puede permitir.
El consejo universitario, armado con argumentos sólidos y una clara visión del futuro, se posiciona como un baluarte ante quienes intentan socavar la integridad de la universidad. Lo que está en juego no es meramente un conflicto académico; es la esencia misma de lo que representa la UAS para su comunidad. Y si bien el derecho al disentir es sagrado, también es imperativo recordar que cada discrepancia debe encontrar su cauce dentro de un marco de legalidad y respeto.
Así, la UAS se encuentra en una encrucijada: o se abraza este proceso de reingeniería con una visión clara de futuro, o se sucumbe a las sombras de un pasado que, lamentablemente, seguiría proyectándose si se dejan llevar por egoísmos y descalificaciones. La historia nos enseña que siempre habrá quienes prefieran cavar tumbas en lugar de construir puentes. Pero la UAS, con su rica herencia y su compromiso hacia la comunidad, está llamada a ser más que un simple espectador en esta lucha. Ahora es el momento de avanzar, de consolidar estos acuerdos y, sobre todo, de garantizar que el espíritu universitario prevalezca, no solo como un ideal, sino como una realidad palpable y duradera.
