El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 pinta, a primera vista, un escenario de “mayores recursos” para Sinaloa. Las cifras así lo dicen: el gasto federalizado crece de 63,588 millones en 2025 a 65,185 millones de pesos en 2026, lo que en apariencia implica un aumento de más de 1,500 millones. Pero detrás de este crecimiento nominal se esconde una realidad mucho menos optimista: el incremento no compensa la inflación, y las áreas estratégicas para el desarrollo estatal retroceden.
Hacienda presume que los estados reciben más recursos, pero no aclara que la mayor parte del “incremento” proviene del Ramo 28 (Participaciones Federales), es decir, fondos de libre disposición que crecen por fórmula, no por prioridad económica o social.
Sinaloa pasa de 32,134 a 34,095 millones de pesos en este rubro, y con ello sostiene el alza total. Pero estos recursos, aunque útiles para mantener operación gubernamental, no generan infraestructura ni crecimiento directo.
En contraste, el Ramo 33 (Aportaciones Federales) —que financia educación, salud, seguridad y desarrollo social— cae en 516 millones, al pasar de 24,435 a 23,919 millones de pesos. Una reducción que golpea directamente la capacidad del Estado para atender sus funciones esenciales.
Más grave aún es el retroceso en la inversión física federal, aquella que se traduce en obras, empleos y desarrollo regional. El PEF 2025 incluía proyectos hidráulicos clave: presas Santa María y Picachos, así como infraestructura de riego en el sistema Baluarte–Presidio.
En el proyecto 2026, estos proyectos desaparecen o quedan sin recursos asignados. El monto total de inversión federal en Sinaloa baja de 2,033 millones a 1,923 millones, una reducción de casi 110 millones de pesos y una caída real de 8.6%.
Este recorte resulta particularmente incomprensible en un año marcado por la sequía severa y la crisis agrícola que atraviesa la región. Mientras Sinaloa ve mermar sus reservas de agua y sus cosechas, la Federación decide desinvertir en infraestructura hidráulica, dejando en pausa los proyectos que garantizarían la seguridad hídrica y alimentaria del noroeste.
El presupuesto 2026, más que una política de desarrollo, parece una estrategia contable.
Se privilegia la inercia de las fórmulas de participaciones sobre la planeación territorial.
No hay señales de un esfuerzo coordinado para potenciar la infraestructura energética, hídrica o logística del estado, pese a su papel clave en el corredor Pacífico y en la exportación agrícola del país.
El crecimiento nominal del presupuesto es, en el fondo, un crecimiento sin rumbo: Sinaloa recibe más pesos, pero menos futuro.La discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados debería ser una oportunidad para reencauzar las prioridades nacionales y reconocer el peso económico de los estados productores.
Sinaloa no pide privilegios, sino consistencia en la política de inversión: si el país quiere soberanía alimentaria, debe invertir donde se produce el alimento; si quiere seguridad, debe fortalecer el empleo y la infraestructura social que sostienen la paz.
De otro modo, el Presupuesto 2026 pasará a la historia como un ejercicio más de simulación fiscal: un documento que presume cifras grandes, pero deja pequeños a los estados que más aportan al desarrollo nacional.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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