La reciente declaración de la diputada Teresa Guerra, quien arguye que no habrá presupuesto para la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIPES) en 2026, es un claro síntoma de un desdén por los esfuerzos históricos que buscaban transparentar el ejercicio del poder en nuestro estado. Para comprender la magnitud de esta sentencia, es crucial recordar el contexto en el que nace la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa (LAIPES), impulsada por Juan Millán en 2003. Esta ley marcó un hito en la lucha contra la opacidad gubernamental y, con su materialización, se instauró un faro de esperanza para aquellos que anhelaban una democracia más transparente y responsable.
Lo que está en juego aquí no es solo la existencia de una comisión; es un principio que ha costado décadas conquistar y que, con un simple trazo de pluma, algunos diputados han decidido arrojar a la basura. El desprecio por la historia y la cultura de rendición de cuentas que forjan el carácter soberano de Sinaloa resulta alarmante. Se puede argumentar que, en su ceguera, los legisladores de la Cuarta Transformación no solo desestiman la importancia de la CEAIPES, sino que también traicionan los principios democráticos que juraron proteger.
Esta situación es un reflejo de un desprecio notable hacia la función pública: los mismos representantes que hoy pretenden desmantelar la CEAIPES fueron, en su momento, parte o testigos de la creación de este instrumento vital. ¿Olvidaron ya cómo la transparencia se convirtió en un baluarte para combatir la corrupción y la discrecionalidad? O quizás, simplemente, están más interesados en obedecer la línea del caudillo que en rendir cuentas ante su electorado.
Un interrogante resuena con fuerza: ¿acaso no conocen el impacto que tiene la ausencia de mecanismos de control sobre el manejo de los recursos públicos? La diputada Guerra podría ahorrarse sus justificaciones al afirmar que “no los ocupan”, si tan solo dedicara unos minutos a revisar la contabilidad del Gobierno de Sinaloa. En esta legislatura, la falta de información sobre gastos como los 7000 millones de pesos del fiasco del maíz —originados de un préstamo de 2500 millones— debería provocar un mínimo de inquietud. Queda en la nebulosa saber si el maíz se vendió, a quién y a qué precio, entre otros detalles que la Auditoría Superior del Estado ha decidido ignorar.
Y aún hay más: hablemos de los impuestos federales que le cobraron a Coppel y Grupo Arhe. Alrededor de 1,500 millones de pesos, que casualmente parecen haber desaparecido en el aire, sin rastro, sin ruidos. Pero claro, ante la UAS, esos mismos diputados se convierten en leones rugientes con su sotana de purificación social, mientras el circo de su ineficiencia se despliega ante un público entre divertido e indignado.
Ya que si el tema es la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), entonces todos los reflectores brillan con inusitada intensidad, como si la crítica social se convirtiera en un circo donde los diputados actúan como verdaderos funambulistas, tratando de mantener el equilibrio entre el escándalo y el espectáculo. ¡Qué ironía!
En conclusión, lo que está en juego tras la propuesta de eliminar la CEAIPES no es únicamente la salud de una institución, sino el futuro de la transparencia en Sinaloa. Sería imperativo que estos diputados, comenzando por Teresa Guerra y Sergio Torres, reflexionaran sobre su papel en esta trama oscura antes de concretar el asesinato de la única herramienta que permite a la ciudadanía evaluar la calidad de su gobierno. Ojalá se dignen a leer el informe de la Auditoría Superior del Estado, que, aunque les dé atole con el dedo, podría abrirles los ojos a la realidad que se esconde tras su petulante discurso.
