El reciente movimiento de maiceros en más de 20 estados, que culminó con un acuerdo entre el Gobierno Federal y los productores, es un claro indicio de las tensiones y fragilidades que atraviesan al sector agrícola en México. Este pacto, sellado a la 2 de la madrugada, establece un apoyo de $950 por tonelada de maíz, una cifra que, a primera vista, puede parecer un alivio. Sin embargo, al sumarle los posibles apoyos estatales y lo que se pueda obtener en la bolsa de granos de Chicago, sigue siendo cuestionable si alcanzará para satisfacer la exigencia de $7200 por tonelada que los maiceros demandaron.

La frase «de lo perdido, lo que aparezca», resuena en este contexto como un eco de resignación. Pero no podemos dejar de preguntarnos: ¿realmente es suficiente? Las negociaciones han revelado un gobierno atrapado en clichés obsoletos y, alarmantemente, bajo la influencia de actores como Alta Gracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo de Empresarios que asesora a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Mientras los maíces nativos reciben un trato preferencial, el maíz blanco y amarillo —el que alimenta a la población y sostiene la industria— queda relegado. Esto es una contradicción innegable: 27 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo frente a apenas 300,000 toneladas de maíces nativos. La priorización de estos últimos, cultivados principalmente en solo seis estados, parece más un capricho ideológico que una decisión basada en la realidad del campo mexicano.

Es difícil no cuestionar si hay verdadera ignorancia detrás de estas políticas o si es una estrategia deliberada para manipular el uso del dinero público. Lo que está claro es que estamos ante un gobierno que parece más interesado en construir una narrativa de nacionalismo arcaico que en solventar las necesidades reales de los productores. El desmantelamiento de instrumentos de apoyo y el escándalo del asalto a Segalmex son testamentos de un mal manejo que afecta directamente a aquellos que sostienen nuestra soberanía alimentaria.

El movimiento campesino, aunque potente en su origen, no podría sostenerse ante la urgencia de sembrar maíz y la presión del tiempo. En este sentido, el gobierno ha jugado peligrosamente con las necesidades de los productores, obligándolos a aceptar soluciones impuestas, en lugar de buscar caminos viables y consensuados. Elevar el precio del maíz por encima de $6000 hacia junio del año que entra se antoja una tarea titánica, dado el superávit que enfrenta el mercado estadounidense. Con un déficit de 25 millones de toneladas, México se ve forzado a depender de importaciones, ¿y aún así se cree que nuestras industrias preferirán el maíz nacional más caro?

La competencia es casi imposible bajo las condiciones actuales. Los productores sinaloenses, y en general los mexicanos, se encuentran en una posición vulnerable, despojados del apoyo gubernamental necesario para competir en un mercado global implacable. Esta falta de comprensión por parte de quienes gestionan nuestras políticas agrarias es francamente alarmante. Al dejar las puertas abiertas para que «los tiburones» del mercado se alimenten de la debilidad de los «charales», se condena a nuestro campo a una lucha desigual.

Las palabras y promesas del gobierno resonarán vacías si las realidades del campo mexicano continúan siendo ignoradas. Así, la pregunta persiste: ¿puede realmente el gobierno entender la magnitud del desafío que enfrentan nuestros maiceros o simplemente están jugando a construir otra república de simulación? Sin un cambio genuino en la política agrícola, la crisis del maíz sólo será el preludio de una tormenta mucho mayor.