El maíz ha sido durante siglos el sustento y la columna vertebral de nuestra cultura, especialmente en Sinaloa, donde fue coronado como el «grano de oro». Sin embargo, en los últimos tres años se ha convertido en un tema recurrente, casi de chisme vecinal, donde las excusas y la ineficiencia de nuestras autoridades agrarias han dominado la conversación. Julio Verdegué y la 4T se han aventurado a ofrecer soluciones que, aunque parecen bien intencionadas, son en realidad parches sobre una herida abierta.
Poner un precio de garantía de $7000 por tonelada para las 13 variedades de maíces criollos es un intento de salvar la cara ante un creciente descontento. Pero, ¿de verdad esto es suficiente? Esa cifra parece digna, hasta que te das cuenta de que esos maíces representan solo 3000 toneladas de los 25 millones que se producen en todo México. ¡Tres mil toneladas! Es como dejar migajas en una mesa llena, mientras el resto se pudre en el olvido. Lo que se paga, unos 24 millones de pesos en total, no resuelve nada. Los campesinos que cultivan esos maíces lo hacen en micro parcelas, con rendimientos que apenas alcanzan una tonelada por hectárea. Hablamos de una tragedia oculta, de verdaderos minifundistas esforzándose por sobrevivir con lo que les da la tierra.
Y aquí viene lo inquietante: el verdadero problema no está en los maíces criollos, está en el maíz blanco, el que alimenta la industria tortillera y otros sectores. Los productores de Sinaloa han pedido insistentemente un precio de garantía de 7200 pesos por tonelada. Y si hacemos cuentas simples, nos encontramos con una verdad innegable. Gastando 53,000 pesos en costos de producción por hectárea y asumiendo un rendimiento promedio de 10 toneladas, en una parcela de 10 hectáreas puedes ganar 720,000 pesos al año. Después de restar los costos, te quedarías con un ingreso mensual promedio de 16,000 pesos. Dos salarios mínimos, y eso en el mejor de los escenarios. ¿Qué clase de vida es esa para una familia?
Es un escándalo que el gobierno no haya hecho lo suficiente para cambiar esta situación. El 80% de los productores de maíz en el país son pequeños agricultores, esos campesinos que luchan cada día contra las adversidades. ¿No se puede hacer justicia? Por supuesto que sí. Pero parece que la 4T prefiere dejar a los campesinos en el abandono, como si esa fuera la solución. Al final, quienes lloran son los pobres; los ricos, como siempre, siguen haciendo de las suyas.
Si algo debe cambiar, es la voluntad política de atender este drama rural. Se pueden implementar políticas que hagan justicia a los agricultores y, de paso, alimentar a nuestro país. Una tarea no solo viable, sino urgente. La historia del maíz no debería ser una saga de desamparo, sino una celebración de nuestros campesinos. Que el grano de oro brille de nuevo. Sin embargo, ¡qué ironía! En lugar de eso, lo que vemos es que el oro se convierte en polvo, mientras las promesas se desvanecen en el aire. ¿Por qué el gobierno no actúa? Porque parece que hay más interés en simbolismos que en soluciones concretas. Es hora de despertar y poner fin a esta farsa.
