Hoy, en 20 estados de la República, una movilización nacional de agricultores se alzará como un eco de desesperación frente a un sistema que parece haber olvidado a quienes sostienen la alimentación del país.

La propuesta de presupuesto agrícola para 2026, con un incremento miserable de apenas 680 millones respecto al año anterior, resulta insultante ante el panorama actual; un incremento que no solo se queda corto ante la inflación general del 6%, sino que es una burla si se compara con el aumento del 25% en los costos de insumos agrícolas. El maíz, un pilar fundamental de nuestra agricultura, apenas alcanza los $4000 pesos por tonelada. ¿Cómo se espera que los productores sobrevivan en este mar de iniquidades?

El agudizado sufrimiento de los campesinos no es un problema aislado; es un grito unificado que resuena en las tierras áridas y en las voces cansadas de aquellos que, tras años de arduo trabajo, ven peligrar su sustento. A la falta de crédito, subsidios y tecnología se suma la ausencia de políticas que regulen y protejan los precios de sus cosechas. Este cóctel de negligencia da vida a una tormenta social que hoy, con fuerza, se manifiesta en más de la mitad del país.

Los agricultores no saldrán a las calles por capricho. La situación es insostenible. Sinaloa es solo un ejemplo de un estado que ha sido golpeado por el precio internacional del maíz, afectando gravemente a 28,000 productores. La sequía ha llevado a la suspensión de 300,000 hectáreas en el ciclo 2024-2025, dejando a los campesinos al borde de la ruina. No es posible que un gobierno que se dice progresista ignore la catástrofe que enfrenta el campo.

La primera movilización nacional en años viene acompañada de un fuerte mensaje: la paciencia se ha agotado. La discusión del presupuesto nacional de 10.3 billones de pesos se asoma en el horizonte, y con ella, la exigencia de una verdadera reestructura que garantice el precio de 7000 pesos por tonelada de maíz. Los 13,000 millones ya asignados no son suficientes para revertir el desastre que hemos vivido, y la propuesta de sembrar 450 mil hectáreas para obtener 6 millones de toneladas es, en este escenario, un mero acto simbólico si no hay una política sólida detrás.

Los vientos de cambio soplan, y el gobierno debe escuchar. No puede seguir confiando en estrategias del pasado que han demostrado ser ineficaces. La indolencia y la apatía de la 4T se están convirtiendo en una pesadilla para quienes habitan el campo. Un mensaje claro: los campesinos, hartos de promesas vacías, están dispuestos a hacer sentir su voz mediante acciones contundentes, hasta el punto de bloquear aeropuertos y carreteras.

El contraste con el apoyo que reciben los productores estadounidenses es palpable. Allí, los subsidios y el respaldo tecnológico son parte del paisaje agrícola, mientras que aquí, los herbicidas representan el 35% de los costos de producción. Es evidente que el camino hacia la sustentabilidad no se construye con buenas intenciones, sino con medidas firmes y efectivas que aseguren el bienestar de quienes alimentan a la nación.

Este movimiento no es solo un reclamo de los agricultores; representa la acumulación de frustraciones de millones de mexicanos que han creído en MORENA. La 4T no puede sostenerse únicamente con cifras de apoyos sociales; esas medidas no llenan el estómago de quienes trabajan la tierra, ni resuelven la crisis de un sector que sostiene el tejido social de este país.

El cohete está encendido, y el tiempo se agota. La respuesta del gobierno no puede ser la indiferencia. Las demandas de los agricultores son justas y necesarias, y si no se atienden con seriedad, el estallido social será inevitable. Hoy, el campo reclama justicia, y no habrá vuelta atrás. Las nuevas voces resuenan, y es hora de que el gobierno las escuche.