Los apagones se han convertido en una constante en muchas regiones de México, especialmente en áreas de alto consumo eléctrico como Culiacán, Sinaloa. Estos cortes no son meras anécdotas; son síntomas de una crisis mayor: un déficit estructural en la producción de electricidad que ha ido en aumento ante la incapacidad del gobierno para cubrir la demanda nacional. Cuando la sequía afecta los mantos freáticos, la extracción de agua se vuelve complicada, esto es un símil de la generación de energía comparando los tandeos de agua que se hacen en Culiacán con las reducciones de consumo como lo llama la CFE a los apagones programados.

Durante los años de Peña Nieto, la transformación del sistema eléctrico se enfocó en la conversión de 16 termoeléctricas de combustóleo a gas de ciclo combinado y la construcción de 7,000 kilómetros de gasoductos. Esto permitió que México, con sus 12,000 kilómetros de infraestructura para transportar gas desde Texas y Arizona, pudiera mitigar en parte la problemática de la escasez de energía eléctrica. Sin embargo, desde entonces, el crecimiento de la capacidad productiva ha sido prácticamente nulo bajo los gobiernos de la 4T, quienes han optado por un enfoque más nacionalista y restrictivo.

La administración actual ha presumido su adquisición de 13 plantas generadoras de Iberdrola, elevando su participación en la producción de electricidad del 44% al 54%. Sin embargo, esta victoria es engañosa. Al mismo tiempo que se celebra este aumento, el gobierno ha restringido el crecimiento de empresas privadas en el sector mediante la reforma eléctrica de 2022, limitando el potencial de generación en un mercado que, solo en los últimos dos años, ha crecido un 5% en su demanda.

Recientemente, ante una alarmante caída en la reserva eléctrica, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción de 60 nuevas plantas de ciclo combinado, con una inversión prevista de 12,000 millones de dólares. Sin embargo, carecemos de claridad sobre los plazos, ubicaciones y financiamiento de estos proyectos. A pesar de que el plan México plantea invertir 23,000 millones de dólares en generación eléctrica durante el sexenio, el panorama financiero actual del país sugiere que estas inversiones son poco probables.

Esta situación nos lleva a cuestionar cómo se cubrirá el creciente déficit eléctrico. Si llegaran a establecerse más empresas transnacionales en México, impulsadas por factores de localización, ¿qué papel jugará un gobierno que ha demostrado ser incompetente en la producción de energía nueva y que obstaculiza a las empresas privadas? La electricidad es un insumo básico esencial para el desarrollo de cualquier sociedad moderna.

El enfoque ideológico de la 4T, en su afán de promover un nacionalismo energético, no solo está cerrando las puertas a la inversión privada, sino que también está ampliando el abismo entre la capacidad de producción y la demanda real de electricidad. Este camino parece llevarnos, inevitablemente, a un fracaso. La historia nos enseña que la obstinación ideológica, en lugar de un enfoque pragmático y colaborativo, puede tener consecuencias desastrosas. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a esperar a que esto ocurra para reaccionar?