RECONOCIMIENTO

Sinaloa vuelve a destacar por lo que realmente importa: el buen manejo del dinero público. En la primera revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hizo una sola observación al estado. Ni una.

El gobernador Rubén Rocha Moya lo anunció este lunes con la contundencia que permiten los hechos: los recursos federales auditados —las participaciones, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)— fueron aplicados correctamente, sin irregularidades, sin pendientes por aclarar. Todo en regla.

“No tenemos observación alguna en nuestro manejo de recursos”, dijo el mandatario en su Conferencia Semanera. Y esa frase, aunque parezca breve, representa mucho más de lo que aparenta: orden, transparencia, eficacia y, sobre todo, responsabilidad institucional.

Este resultado coloca a Sinaloa entre las 11 entidades federativas del país que salieron bien libradas en esta primera entrega del Informe de Fiscalización. Pero hay algo más relevante: en 2023, Sinaloa fue uno de los cinco estados sin observaciones. Lo que se está viendo no es un logro aislado, sino una práctica sostenida de buen gobierno.

Lo que certifica la ASF no es un favor ni un elogio gratuito. Es la conclusión de una revisión técnica, autónoma y rigurosa sobre el destino de los recursos federales. Es decir, no se trata de un reconocimiento político: es una validación institucional sobre cómo se está gastando el dinero del pueblo.

Y en un entorno donde las fallas, las observaciones millonarias y los subejercicios son comunes en muchas entidades, destacar por el cumplimiento se vuelve algo extraordinario. No es poca cosa. El manejo limpio de los recursos públicos significa estabilidad, confianza y la posibilidad real de que el dinero llegue a donde tiene que llegar: escuelas, hospitales, caminos, programas sociales.

Además, la transparencia genera un efecto de doble vía. Por un lado, respalda al gobierno estatal ante las autoridades federales y la ciudadanía. Y por otro, manda un mensaje interno a las estructuras administrativas de la entidad: aquí se hace bien, y no hay margen para desvíos.

Rocha Moya recordó que los más de 60 mil millones de pesos ejercidos en 2023 también pasaron esta prueba con resultados favorables. Ahora, el ejercicio 2024 arranca por el mismo camino, con dos entregas más de la Cuenta Pública aún por revisar, pero con el precedente de que se está haciendo lo correcto desde el principio.

Este tipo de resultados no son los que suelen hacer ruido político ni llenar titulares escandalosos, pero sí son los que deberían importar más. Porque mientras algunos estados pelean con montones de observaciones sin solventar, Sinaloa consolida una práctica administrativa basada en la legalidad, la claridad y la eficacia.

Y en política, como en la vida pública, los hechos cuentan más que los discursos. Aquí hay hechos, cifras y documentos oficiales que respaldan lo que se dice. Hoy por hoy, Sinaloa no solo cumple: da ejemplo.

PROYECTO

Culiacán se prepara para una transformación urbana sin precedentes. Antes de que concluya el año, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) arrancarán con la construcción de 9 mil viviendas en la capital sinaloense, como parte de la primera etapa del Programa de Viviendas para el Bienestar.

El anuncio lo hizo el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien dejó en claro que el proyecto ya no enfrenta obstáculos: los terrenos están definidos, validados y, algo importante, son propiedad de desarrolladores privados que ya los tenían reservados para este fin. Esto garantiza que la iniciativa no tropiece con trámites burocráticos ni conflictos de tenencia de la tierra, como suele ocurrir en otros programas similares.

La magnitud del plan es contundente: 5 mil 500 millones de pesos de inversión en una primera fase que abarca más de 51 hectáreas. Estamos hablando de un modelo intensivo, que proyecta hasta 180 viviendas por hectárea, lo cual significa un aprovechamiento eficiente del suelo urbano, ideal para una ciudad que necesita crecer ordenadamente.

Y si bien es cierto que el tema de la vivienda social ha sido promesa constante en distintos niveles de gobierno, pocas veces se había concretado con la solidez con la que este proyecto se presenta. Aquí hay dinero asegurado, terrenos con certeza jurídica y un esquema claro: el Infonavit firma directamente con los desarrolladores para agilizar los procesos. No se trata de simulaciones ni de planes a largo plazo, sino de una estrategia concreta que comienza este mismo año.

Además, el alcalde fue puntual en su llamado: quienes estén interesados en acceder a una vivienda deben acercarse al Ayuntamiento de Culiacán, donde ya está operando una mesa del Instituto Municipal de Vivienda. Este detalle no es menor: muchas veces, los grandes proyectos quedan lejos del ciudadano común por falta de información o por trámites complicados. Aquí, al menos en el papel, se está facilitando el acceso desde el inicio.

Lo que se está gestando en Culiacán no solo es una inversión millonaria; es la posibilidad real de que miles de familias accedan a una vivienda digna en espacios planeados, con servicios, en zonas seguras y con vocación urbana. Es también un ejemplo de cómo se puede combinar el esfuerzo público con la participación privada para resolver uno de los problemas más sensibles del país: la falta de vivienda accesible.

Claro, falta ver la ejecución. Pero si el proyecto avanza como se ha anunciado, Culiacán podría colocarse como un referente nacional en políticas de vivienda social. Y eso, en tiempos donde las ciudades crecen muchas veces al margen de la planeación, sería una muy buena noticia.

TRABAJO

Mazatlán no solo es uno de los destinos turísticos más importantes del país: también quiere consolidarse como ejemplo nacional en el cuidado y certificación de sus playas. Y en esa ruta, el gobierno municipal que encabeza Estrella Palacios Domínguez avanza con paso firme.

Este mes de julio, tres nuevos tramos de playa en la avenida Del Mar y la Zona Dorada serán sometidos a auditoría por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., como parte del proceso para obtener el distintivo oficial de playas certificadas. Así lo dio a conocer el director de la Operadora y Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán, Ángel García Contreras.

Se trata de dos tramos en la avenida Del Mar: uno de 700 metros, que va desde el hotel Holiday Inn Express hasta la UAdeO; y otro de 600 metros, desde el hotel Olas Altas Inn hasta la zona de los Lobos Marinos. A estos se suma un tercer tramo en Zona Dorada, de 300 metros, entre los hoteles Viaggio y El CID. En total, se busca certificar mil 600 metros de litoral en esta etapa.

¿Y por qué es importante? Porque estas certificaciones no se entregan a la ligera. Implican cumplir con estrictos estándares de limpieza, seguridad, calidad del agua, infraestructura y manejo ambiental. Son reconocimientos que no solo mejoran la imagen turística del puerto, sino que elevan la experiencia de quienes disfrutan las playas y garantizan su conservación a largo plazo.

García Contreras detalló que ya se realizaron los estudios de calidad del agua —con muestras recolectadas por la COEPRISS— y que está en marcha la instalación de señalética y contenedores de basura. Es decir, no se trata de intenciones, sino de acciones concretas con calendario definido.

El objetivo, subrayó, es cerrar julio con la solicitud formal de auditoría para estos nuevos tramos, lo que permitiría a la administración municipal alcanzar un total de 10 playas certificadas, cifra histórica para Mazatlán.

Actualmente, ya se cuenta con siete certificaciones, entre ellas Playa Gaviotas (en varios tramos), Playa Luna Bonita, Playa Estrella del Mar, Playa Cerritos y el Santuario El Verde Camacho, esta última bajo la Norma Mexicana 120 en coordinación con la CONANP. Todas han alcanzado la categoría Platino, una de las más altas a nivel nacional.

Este avance no solo responde a una visión turística, sino a una política pública centrada en el orden, la salud y el respeto al medio ambiente. En temporada alta, como el verano, contar con playas limpias y seguras no es solo un valor agregado: es una necesidad.

Mazatlán ha entendido bien que su litoral no es un simple recurso económico, sino un patrimonio natural que debe cuidarse con visión de futuro. Y si el objetivo es tener diez playas certificadas antes de que termine el año, va por buen camino. Porque aquí, el compromiso no se queda en el discurso: se traduce en hechos.