La crisis hídrica que enfrenta Sinaloa es un tema que no solo debería preocupar, sino también movilizar a todas las instancias de gobierno. Sin embargo, ni el gobierno de la República ni el de Sinaloa, y mucho menos los gobiernos municipales, han presentado un plan estratégico claro y efectivo ante esta emergencia. Es angustiante escuchar los lamentos que claman por la lluvia, como si esos cánticos populares pudieran sustituir la planificación y la acción concreta. En este contexto, la situación es crítica, ya que 2025 marca prácticamente un tercer año sin lluvias significativas, lo que pone de relieve de manera palpable la falta de medidas preventivas y la escasa planeación estratégica.

El reciente cierre de la sexta presa de las once que existen en el estado, junto a la falta de transparencia en los criterios utilizados para dicha decisión, es una muestra clara de la frivolidad e irresponsabilidad con las que se está manejando este asunto. Las cinco presas restantes apenas suman el 5% del volumen total, aproximadamente 1000 millones de metros cúbicos, mientras que se continúan extrayendo 24 metros cúbicos por segundo. esta extracción equivale a poco más de 2 millones de metros cúbicos diarios , lo reducirá aceleradamente la reserva que quedan en las 5 presas que aun se puede extraer agua de esa reserva estratégica que aún queda . Los datos aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son contundentes y revelan una negligencia alarmante ante esta grave problemática.

En un contexto donde el agua debe ser preservada y administrada, resulta irónico que el gobernador Rubén Rocha haya declarado que su administración debe asumir la plena responsabilidad del manejo del agua. La realidad es que tanto el gobierno federal como la Conagua parecen desentenderse de las políticas necesarias para enfrentar la crisis hídrica en Sinaloa. Hoy, más de 200,000 habitantes de 58 colonias quedarán sin agua en sus hogares debido a la drástica reducción de los mantos freáticos y a que los sistemas de bombeo de la JAPAC ya no son capaces de satisfacer la demanda.

Las decisiones tomadas en materia hídrica ponen en riesgo la supervivencia de comunidades enteras. La extracción indiscriminada de agua de la presa López Mateos y de la presa Sanalona levanta interrogantes cruciales: ¿por qué agotar estos recursos cuando la prioridad debería ser garantizar el acceso al agua potable? Los tandeos en Culiacán se están intensificando y si no se toman cartas en el asunto, la situación podría volverse fatal.

Ante estos desafíos, es fundamental cuestionar los patrones de desperdicio que prevalecen en la agricultura, donde el uso ineficiente del agua es notorio, especialmente en los cultivos de maíz y hortalizas. La falta de planificación agropecuaria y la falta de diversificación de cultivos agravan aún más la crisis. Nos preguntamos, ¿por qué el gobierno de Morena suspendió los programas de modernización y eficientización de los sistemas de riego?

Adicionalmente, el diálogo necesario con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es urgente. Entender que las hidroeléctricas deberían operar solo en momentos de excedentes de agua es parte de un enfoque integral que requiere ser discutido y ejecutado. Asimismo, la notable reducción de inversión en sistemas de agua potable y el tratamiento de aguas residuales por parte del gobierno federal es un error que podría tener consecuencias devastadoras.

Es evidente que Sinaloa puede construir un plan estratégico y de convergencia que impida que la sequía evolucione hacia una catástrofe humanitaria. Todo lo que se requiere es voluntad política, planificación eficaz y, sobre todo, un compromiso genuino con la sociedad sinaloense.

La crisis hídrica es un reto, pero también una oportunidad para replantear cómo administramos nuestros recursos naturales y garantizar el bienestar de nuestra población. Es hora de que tanto el gobierno estatal como el federal comprendan la magnitud del problema y actúen en consecuencia. La inacción no es una opción.