Desde la tribuna del Senado de la República, la senadora sinaloense Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), volvió a denunciar la grave crisis de violencia e inseguridad que azota a su estado y responsabilizó una vez más al gobierno federal por la fallida estrategia de seguridad.
“Nadie puede negarlo. La inseguridad de nuestro país es el problema más urgente que tenemos que combatir. La violencia que vive en México es el resultado del fracaso de una estrategia que hoy les ha arrebatado la vida a casi 100 mexicanos todos los días”, dijo.
Señaló que, tras seis años de política de “abrazar a los criminales”, hay más de 200 mil víctimas en el país. En el caso de Sinaloa, explicó que desde hace 225 días se vive una narcoguerra sin que las autoridades hayan podido pacificar el estado. “Han sido asesinadas mil 138 personas y han desaparecido mil 303. Cuatro mil 346 vehículos han sido robados y mil 600 negocios han sido asaltados”.
“La violencia no se limita únicamente a las cifras, a los hogares destruidos y a las familias que exigen justicia a los suyos. La violencia acaba con todo, con las aspiraciones de los jóvenes, con la inocencia de los niños, con la cercanía de las comunidades y, por supuesto, con la economía”.
Denunció el abandono y la indiferencia que viven comerciantes, trabajadores y empresarios sinaloenses. “Lo que les ha provocado un daño económico de al menos 30 mil millones de pesos. Tenemos más de mil negocios cerrados en el estado, hemos perdido 25 mil empleos y el Gobierno sigue diciendo que todos somos unos exagerados, que todavía aguantamos más y que estamos perfectamente bien”.
Describió el deterioro de las condiciones sociales y productivas: “Hoy en Sinaloa, el trabajo y el esfuerzo no son motivados ni recompensados. Los negocios abren sin saber si hoy llegarán clientes y otros cierran porque la ayuda nunca llega. La tierra se queda sin cultivos, las redes de los pescadores están vacías, el ganado no tiene alimento. Vivimos la peor sequía de los últimos 50 años. Enfrentamos la amenaza de aranceles al principal producto que exportamos en el estado. Las escuelas son abandonadas y nuestros niñas y niños y jóvenes todos los días están en peligro”.
“La desesperación de las y los sinaloenses ante una crisis que lleva 7 meses acabando con todo lo que teníamos, es la razón por la que hoy me presento ante ustedes para proponer una ley de emergencia económica en casos de violencia y fuerza mayor”, dijo.
La ley de emergencia económica contempla apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas; la suspensión del cobro del ISR, la luz y el agua a comercios y pequeños negocios mientras persista la situación de violencia; la exención del ISR a trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos al mes; programas temporales de empleo para fomentar la ocupación y el consumo; la suspensión del cobro de hipotecas de INFONAVIT y FOVISSSTE; créditos a fondo perdido para evitar la quiebra de negocios, y programas temporales de apoyo a las actividades primarias.
“Nada puede sustituir el deseo de todas y de todos aquellos que deseamos un México y un Sinaloa en paz. Nadie quiere más que yo que la violencia termine, que el desarrollo económico de mi estado recupere su fuerza y que esta propuesta de ley no fuese necesaria, pero la realidad es muy dolorosa como para evitarla.”
REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA.
