Han transcurrido ya casi dos años desde que se produjo un desplome significativo en los precios del maíz, que cayeron de $7000 a $5000 la tonelada. Este evento no solo impactó a los productores agrícolas, sino que también desató una serie de reacciones que evidencian la fragilidad del sistema agropecuario en Sinaloa y cómo las promesas gubernamentales pueden llevar a situaciones explosivas. La llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a sembrar cuanto se pudiera resultó en un esfuerzo colectivo monumental, donde se lograron sembrar 520,000 hectáreas y cosechar 6 millones de toneladas. Sin embargo, lo que parecía ser un triunfo para el campo se convirtió rápidamente en un fiasco debido al incumplimiento de pagar a los productores los $7000 prometidos por tonelada.
La frustración acumulada llevó a los productores de maíz a tomar medidas radicales, cerrando el aeropuerto internacional de Culiacán y bloqueando la maxipista Culiacán-Mazatlán. Estos actos reflejan no solo un descontento profundo, sino también la desesperación ante una situación económica crítica. El conflicto alcanzó un punto álgido que obligó al gobernador Rocha Moya a buscar soluciones. Su propuesta inicial fue comprar 750,000 toneladas de maíz a los productores de 10 hectáreas, a $7000 la tonelada, intentando despresurizar el conflicto.
Sin embargo, el panorama siguió complicándose. Las toneladas de maíz fueron almacenadas en bodegas privadas a un costo adicional que se ha vuelto una carga insostenible. Con la nueva cosecha de 2023-2024, los precios permanecieron deprimidos, sin superar los $5000, y se registró un volumen de cosecha alarmantemente bajo (3.5 millones de toneladas). La situación se agravó por las grandes cosechas en Estados Unidos que inundaron el mercado, lo que ha llevado a que el maíz almacenado no pueda venderse.
Hasta la fecha, el gobierno del estado ha gastado aproximadamente 9000 millones de pesos en esta situación, entre la compra de maíz, los costos de almacenamiento y los intereses bancarios. Todo ello sin claridad sobre el destino de esa inversión pública. La población sinaloense tiene derecho a conocer de manera transparente cómo se han manejado estos recursos, especialmente ante el temor de otra cosecha que podría resultar desastrosa.
A esta crisis se le añade otro capítulo sombrío: el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un fraude a gran escala en el sistema de administración tributaria del estado de Sinaloa, que condena al gobierno estatal a pagar más de 2000 millones de pesos por desvíos perpetrados durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel. Esta deuda es amortizada mediante descuentos que recibe el gobierno de Sinaloa del gobierno federal, generando un ciclo de irresponsabilidad y falta de rendición de cuentas. Es inconcebible que los sinaloenses estén pagando por las irregularidades cometidas por administraciones anteriores sin que se tomen acciones legales contra los responsables.
Además, la situación se complica aún más con denuncias de corrupción que han surgido recientemente, en las cuales se involucra al gobernador y al presidente municipal de Ahome. Esto ha generado un ambiente de desconfianza y zozobra que necesita ser abordado con la máxima transparencia. El gobernador, como líder institucional, debe responder a estos señalamientos y aclarar cualquier vínculo que pudiera existir, asegurando que se realicen las investigaciones pertinentes y que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.
En conclusión, la crisis del maíz en Sinaloa no solo es un problema agrícola; es un reflejo de una gestión pública deficiente, marcada por incumplimientos, deudas ocultas y presuntos casos de corrupción. La población exige respuestas claras y contundentes. No es tolerable que se utilice el erario público para cubrir irregularidades del pasado, ni que se minimice la gravedad de las acusaciones de corrupción. La falta de acción solo perpetúa un ciclo de impunidad que perjudica el desarrollo y la confianza en las instituciones. El gobernador y su administración tienen la responsabilidad de poner fin a este escándalo financiero y restaurar la fe pública en el sistema.
