Pareciera que, a falta de propuestas ante los problemas de los sinaloenses, el desempeño del gobierno de Sinaloa, se fincara en la mentira y el desengaño.
Son múltiples recientemente, la interacción del gobernador Rubén Rocha en donde si no miente, engaña o expresa una barbaridad.
Hace dos semanas, la que fue desastrosa para él, empezó con el anuncio que hiciera el presidente López Obrador en Baja California Sur, sobre su decreto de establecer el subsidio eléctrico de la tarifa 1F para Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, cuando ese subsidio existe desde hace por lo menos 20 años en el noroeste del país.
Y peor todavía, cuando Sinaloa ya tiene 29 años con ese subsidio de verano, producto de una lucha social que empezó en 1989 en Los Mochis y en 1995 se generalizo en todo Sinaloa, convirtiéndose esa lucha, en líder por tarifas justas de CFE para los estados del noroeste, pretendiendo colgarse medalla por lo que no movió ni un dedo.
Y lo que intensifico esta cadena de engaños, mentiras y tonteras, fue la visita del presidente López Obrador a Sinaloa, que empezó con la vulgaridad política, vergonzosa para todos los sinaloenses, la idea de pensar en la reelección presidencial llegando al sinsentido de proponer cambiar la ley para que esto sucediera.
Desatino que le ha costado elevar su fama en esa práctica a nivel nacional, lo que se sumo a la manifestación universitaria que lo exhibió como un gobernador que no está en “los cuernos de la luna”, sino que es un escenario que lo acompaña y lo acompañara siempre, al haberse convertido en el primer ex rector en atentar contra la autonomía de la UAS, violando la constitución general de la república en su artículo 3º, emulando al ex gobernador cacique Antonio Toledo Corro.
Eso lo sabe el gobernador e irresponsablemente niega todo cuando hay un fallo de un tribunal federal, de que la reforma a la ley de educación superior es inconstitucional.
Y persiste en la necedad que después que el presidente López Obrador ofreció una mesa de diálogo a la UAS en la secretaría de gobernación, dos días después el gobernador negó dicha propuesta y hasta se atrevió a afirmar que la persecución que monto ilegalmente con la UAS y sus dirigentes, es un problema judicial y no político.
Tan absurdo es la conducta del gobernador que después de violar la constitución, no reconoció mas de 200 amparos federales, el fallo de inconstitucionalidad contra la ley de educación que decreto y el brutal uso faccioso e ilegal de los órganos del estado como la FGE, la ASE, la UIPES, el SATES y los tribunales, resulta que no hay persecución política, que sus problemas con la UAS no es una simple obsesión política y hasta electoral, motivado por sus ambiciones de poder.
¿Qué va a suceder cuando su castillo de naipes se derrumbe? ¿Qué pasara cuándo se den los fallos judiciales definitivos en su contra? ¿Tendrá remedio?
