Porque un acontecimiento no se juzga
sino a partir de su desenlace.
Rosario Castellanos
No tengo ninguna duda de la importancia del II Informe de Gobierno de Rocha. Hay cosas sustanciales de obra material y de acciones de carácter social que deben ligarse a eventos solemnes y concentraciones informales, para compartir el esfuerzo de la gestión como gobierno (a través de cifras, alcances de la inversión pública y estilos del discurso público). El Informe de labores 2023 bien merece este trato. Pero las circunstancias que se presentaron el pasado día 29 de noviembre no dieron lugar a que la jornada fuera propicia para el lucimiento del acto oficial.
¿Qué sucedió a lo largo de todo año y que dificultó las actividades de la autoridad el día del Informe? Un conflicto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y dos poderes del Estado: salpicado con actores del Partido Sinaloense y declaraciones desde el Poder Estatal que poco ayudan para encaminar el desencuentro a una solución definitiva. Deseable es que la UAS se libere del lastre que representa la presencia dominante de un partido político en su seno, pero también anhelamos que el discurso desde las instancias de gobierno se apegue al marco constitucional. Sin exceptuar los momentos críticos.
Hago referencia explícita a las declaraciones del diputado Ricardo Madrid que, al informar sobre la suspensión del Informe, señaló: “Ante la provocación, ante los actos que han ejercido estos exfuncionarios, lo digo y lo recalco, corruptos que hoy están vinculados a proceso, la determinación de la Mesa Directiva es clara, no pondremos en riesgo a nada ni a nadie.” Sí, hay funcionarios vinculados a proceso, pero los procesos a los que están vinculados no han concluido. Y, de acuerdo a la Ley, mientras no se pruebe en juicio esa acusación, es decir, mientras no haya sentencia definitiva, el trato que reciban corresponde al de no ser culpables. El marco legal contempla la separación de procesados y sentenciados en las cárceles, precisamente para diferenciar el trato. Y esas declaraciones del legislador toman el puesto de un juez (juzgador), pues se adelanta en la calificación para justificar la decisión de suspender el acto solemne.
Por su parte el diputado Feliciano Castro, presidente de la JUCOPO, dijo: “¿De quiénes estamos hablando? De un grupo de funcionarios imputados por corrupción, para que nos entienda mejor la gente de Sinaloa, acusados de ser presuntos rateros que han agraviado el patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.” Lo mismo diremos del diputado Castro Meléndrez, cuyas declaraciones de descalificación a las autoridades universitarias no se circunscriben a los últimos días.
Otro problema que tomó fuerza desde el mes de junio es el de los maiceros. Es cierto que es materia federal la atención de las diferentes demandas de productores de maíz, pero padecemos dos males: seguimos dependiendo de la bolsa de granos de Chicago (dependencia inexplicable) y las políticas públicas contemplan apoyos y aplicación a los pequeños y medianos productores. Los grandes agricultores quedan fuera. No se entiende que se quiera alcanzar soberanía alimentaria de esa manera; pero aún así, tampoco se ha respondido en tiempo y forma a los productores pobres. Y el gobernador Rocha ha tenido que dar la cara con recursos locales.
Debemos considerar loable el esfuerzo hecho para la basificación de centenares de médicos y personal sanitario auxiliar, que tenían varios años con salario de miseria y sin prestaciones de Ley. Hacerlo implicó realizar malabares con el presupuesto. Y se llevó a cabo contemplando manifestaciones reiteradas de los trabajadores de la salud. En las poco más de 6 mil escuelas quedan pendientes centenares de problemas heredados de los regímenes anteriores. Algunos fueron atendidos y mal hilvanadas las soluciones, pues plancharon muchas de las injusticias anteriores y quienes las sufrieron siguen esperando la corrección de esas faltas.
Pero no podemos dejar de lado que, desde el 5 de febrero del presente año, se creó la Coordinadora Estatal por el Derecho Humanos a la Vivienda, con el propósito de que el Artículo 4° Constitucional cobrara vida en su mandamiento del “derecho a una vivienda digna y decorosa”. El INEGI habla de un déficit de 432 mil viviendas en Sinaloa. Nadie ignora que al menos el 30 por ciento de las familias en Sinaloa vive en condiciones precarias y muchas de ellas se hacinan en hasta tres núcleos familiares en una sola casa. El Plan de Gobierno reconoce que uno de cada tres sinaloenses es pobre. De ello han resultado algunos compromisos del gobernador, incumplidos hasta el día de hoy: adquirir reservas territoriales para aliviar la demanda de lotes por esas familias pobres y contemplar un renglón para vivienda popular en el presupuesto 2024. Seguimos esperando.
El II Informe de Gobierno, reitero, tiene una importancia y dimensión muy grande. Merece presumirse en reunión solemne del Congreso del Estado y en asambleas públicas. Ojalá se programen estas, pero hay cosas de forma en el trato de los problemas sociales y con los actores que los acompañan, que deben ser revisadas. Nada pierde el Estado ni el gobernador ni quienes ejercen el control en la Cámara de Diputados si se hace más fluida la comunicación y el trato, más allá de lo que el Poder Judicial le corresponda hacer o quizá adelantándose a él, pues a final de cuentas quien acusa es el Poder Ejecutivo (del que forma parte la FGE). La gobernanza en la entidad lo pide y la paz pública lo demanda. El año de 1981 nos dio una gran lección durante el conflicto UAS y Gobierno de Toledo Corro, aprendamos de ella. Vale.
X @Oscar_Loza
