No se dudó, porque la facultad de dudar no es común,
sus gérmenes no se desarrollan sin cultura.
Anatole France
–Van a venir varias instituciones, de la Mesa Intersecretarial, sobre todo para ver las condiciones de empleo, porque vamos a echar a andar un plan piloto en el estado, va a ser aquí con ustedes, eso quiere decir que le vamos a dar muy fuerte el seguimiento. –Comentó la titular de la SEBIDES, María Inés Pérez Corral. El plan piloto tiene como objetivo ensayar el regreso de los desplazados a sus lugares de origen. Y se escogió la Sindicatura de Tepuche como escenario para este ejercicio, con el que se pretende dar luz verde para promover el regreso masivo de la población que hoy da rostro a la diáspora que inició hace 14 años.
Para quienes hemos dado seguimiento al fenómeno del desplazamiento en Sinaloa y otras entidades del país, nos llama poderosamente la atención que se anuncie una medida administrativa de este calibre sin atender lo que mandata el artículo 25 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, a saber: “El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus responsabilidades, facilitarán el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas, cuando la Comisión lntersecretarial prevista en el artículo 45 de esta Ley, emita un informe en el que establezca la inexistencia de motivos que provocaron el desplazamiento.”
El mismo artículo también ordena que dicho informe debe ser elaborado por la Secretaría General de Gobierno y que debe ser puesto a consideración de la población desplazada. Hasta hoy desconocemos la existencia de dicho informe y que el asunto haya sido tratado (con o sin informe) en la Mesa Intersecretarial. Lo peor que pueda pasar es que dicha iniciativa sea una ocurrencia. Y para ocurrencias ya tuvimos suficientes en esta materia durante los gobiernos anteriores. Mario López Valdez, durante su administración dudó primero que el desplazamiento fuera una realidad y después pretendió que, con excursiones de las policías estatales a los lugares expulsores, el asunto estaría resuelto.
Aún están frescas aquellas declaraciones del 4 de mayo de 2012, en una entrevista de MALOVA con Denisse Maerker, donde aseguró “que los desplazados de las comunidades afectadas por la violencia y la delincuencia organizada ya pueden regresar a su hogar, pues existen condiciones de seguridad”. No tuvimos que esperar mucho para lamentar pérdidas de vida. Los días 17 y 18 de junio posteriores, una familia de tres miembros que regresó ese primer día a San José de Hornos fue asesinada. En la segunda fecha dos miembros más de esa comunidad perdieron la vida antes de arribar a su pueblo de origen,
No creo que Sinaloa merezca la repetición de errores, porque toda acción u omisión en el terreno de los desplazamientos que no se corresponda con lo que establece la ley, con la prudencia y la atención que merecen la experiencia y consejos de la población víctima de las diásporas y de las organizaciones civiles que siguen el problema, puede ser muy riesgosa.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, documentó la muerte de ocho personas desplazadas que pretendieron el regreso a sus comunidades luego de las declaraciones del gobernador Mario López Valdez. Y ahora que María Inés, secretaria de Bienestar, anuncia su plan piloto precisamente en una zona con fuertes y muy cercanos antecedentes violentos, estamos obligados a comentar al menos lo siguiente: dos jueves marcaron esa tormentosa zona. El 17 de octubre de 2019, con aquella violenta jornada en la que se pretendió detener a Ovidio Guzmán y la del 24 de junio de 2020, que cobró 16 vidas.
Algunos vecinos de las comunidades de la Sindicatura de Tepuche, nos han comentado después de la visita que la secretaria María Inés realizó a esas tierras, que luego de dos años de sufrir el desplazamiento empezaron a invertir en puertas, ventanas, baños y pisos, para buscar el regreso. Sus casas volvieron a ser vandalizadas y perdieron otra vez patrimonio. No sólo eso, junto a la destrucción de lo reconstruido recientemente está una clara amenaza: si regresan, su vida corre peligro.
El 15 de marzo pasado, el gobernador Rubén Rocha firmó un convenio de colaboración con Geovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México. El objetivo, se dijo, es para mejorar las políticas públicas dirigidas a atender particularmente el fenómeno del desplazamiento forzado interno en el estado. Pero no vemos que las iniciativas de la secretaria de SEBIDES tengan algo que ver con las políticas prudentes y cuidadosas de ACNUR. Ojalá que el acercamiento con ACNUR nos ayude a encontrar salidas más sabias y que ahorren sobre todo vidas entre los desplazados. Por lo pronto que se respete lo que mandata el artículo 25 de la Ley sobre el desplazamiento interno. Vale.
Twitter Oscar_Loza
