La carretera Benito Juárez, mayormente conocida como «La Costera», que se construyera en el gobierno de Antonio Toledo Corro y para lo que se constituyó aquella empresa constructora COCOSIN, en la que se pidió apoyo a los ejidos de Culiacán, Navolato y Angostura, para que cada uno donara mil dólares por parcela de aquel entonces, hoy es hora que no se sabe por qué está en fideicomiso, quién se apropia esos recursos y por qué el gobierno de Sinaloa es hora, aún, que no ve esos ingreso y los de la caseta San Miguel en Zapotitlán, Ahome, que deberian ser parte del gobierno sinaloense.

Esta ha sido una reiterada llamada de atención a los gobiernos estatales, desde Jesús Aguilar hasta Quirino Ordaz, para que informen y se aclare por qué esos mil doscientos millones de pesos no entran a las arcas del gobierno estatal y se van a quién sabe qué fideicomiso.

Así nos encontramos en las diversas notas consultadas una que me parece más elocuente sobre este problema, que expuso el diputado Marco Antonio Zazueta, el 18 de enero del 2019, en la comparecencia del entonces secretario de administración y finanzas, Carlos Ortega Carricante, que expone el problema de las carreteras y las casetas de peaje, asunto que se debe responder e informar a la sociedad.

«Fideicomiso carretero ( INTERVENCIÓN EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS) 2019

Señor Secretario:

El segundo informe asegura que el gobierno del estado tiene una deuda contingente, es decir asumida como propia, por el orden de los 796 millones 73 mil 198 pesos, representada en un contrato crédito de largo plazo celebrado por el fideicomiso de la Autopista Benito Juárez.

Para pagar esa deuda, el 25 de octubre de 2006, se publicó el decreto 402 con el que se autorizó al gobierno del estado a disponer de los ingresos totales de la autopista Benito Juárez y el Puente San Miguel.

Al día de hoy, el gobierno del estado ha dispuesto de esos ingresos, un total de 4 mil 551 millones 171 mil 942 pesos, desde el 2007 hasta la fecha, pero la deuda que se iba a pagar sigue exactamente con el mismo monto…

El propio segundo informe de gobierno reconoce que sólo se pagan intereses por 65 millones y que será hasta octubre del 2021 cuando comience a pagar el capital, pero el presupuesto le sigue destinando 800 millones de pesos anuales, es decir el equivalente de la deuda de ese fideicomiso.

Mis primeras preguntas son: por qué persiste la deuda, a pesar de la vigencia de ese decreto; cuál ha sido el destino que se le ha dado a las transferencia por derecho de peaje por los más que 4 mil 500 millones que le menciono, documentados en las cuentas públicas y en el último presupuesto de egresos; y por qué va a comenzar a pagarse esa deuda hasta el 2021, cuando ese decreto expedido por el congreso ordenaba que se hiciera desde el 2006.

Eso por un lado; por otro, ese fideicomiso 2063 se deriva de otro fideicomiso, el número 866, sustentado en el decreto número 61 del 16 de mayo de 1990 que por su parte dispuso la transferencia de los mismos ingresos de la autopista Benito Juárez para otros propósitos que por supuesto dejaron de cumplirse, cuando se celebró el 2063.

Estos propósitos representaban ni más ni menos que el gobierno del estado asumiera la propiedad de la maxipista Culiacán-Mazatlán, lo que hoy es materialmente imposible porque esa carretera fue vendida por el gobierno federal al empresario Carlos Slim desde el 2009, después de que conforme los fines del decreto de mayo del 90, fueron los contribuyentes sinaloenses los que ayudaron a construirla.

Todo eso produce una conclusión desastrosa para las finanzas públicas y por supuesto para el patrimonio sinaloense, porque lo menos que muestra es un saqueo permanente de los recursos fiscales, como sin lugar a dudan lo son los ingresos carreteros, desde 1990 hasta la fecha, porque desde 1990 se entregaron a fines que por supuesto están muy lejos de cumplirse y desde 2006 hasta ahora, al fin de pagar una deuda que en el colmo no se paga.

Esto sin duda representa un evidente desaseo en el manejo de las finanzas, si no es que un eterno desvío de recursos públicos, que deberían servir para resolver los problemas de los sinaloenses…pero que se pierden no se sabe dónde, porque insisto, ya no son para los propósitos del decreto del 90 y menos para el fin del decreto del 2006, como se reconoce en el mismo informe.

Explíquenos entonces, de qué se trata…»

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