La fiesta se acabó, la pachanga terminó, ha llegado la hora de trabajar por los sinaloenses para mejorar su existencia en todos los sentidos, con la claridad de que esos objetivos serán a mediano plazo, pero habrán de construirse paso a paso, empezando este lunes 1° de noviembre, abordando con rapidez tres grandes urgencias.

Primero, la pandemia que amenaza con otro repunte, o cuarta ola, que se vincula con las bajas temperaturas que vienen y la temporada de influenza, como no se diga también con la exquisita indolencia colectiva para enfrentar al monstruo que representa.

Para fines del 2021, ya habremos sumado en Sinaloa 9 mil muertes cuantificadas por la Secretaría de Salud, pero según INEGI podrían ser hasta 15 mil por el subregistro que se ha llevado de la pandemia, convertida ya en la segunda causa de muerte de los mexicanos.

Segundo, la consulta popular que se ha acordado para conocer la opinión de la población del norte de Sinaloa sobre si quiere o no que se construya la planta de fertilizantes en Topolobampo, que se llevará a cabo antes de que concluya noviembre y será determinante en buena medida de qué son capaces tanto los gobiernos municipales de Ahome y Guasave como el gobierno estatal de Sinaloa.

La planta de fertilizantes es uno de los grandes desatinos de Quirino Ordaz, quien siempre se comprometió a que no se iría de su gobierno sin echar a andar su construcción. No fue así, y el flamante nuevo embajador de México en España permitió que quienes controlan el mercado de los fertilizantes en Sinaloa, específicamente CERES y Agroindustrias del Norte, se salieran con la suya, permitiéndoles el boicot a la nueva fábrica de fertilizantes.

Al gobierno anterior no le importó poner en riesgo una inversión de 5 mil millones de dólares, casi del tamaño del Tren Maya, la creación de 5 mil empleos directos e indirectos y la producción de un insumo agrícola que tan solo desde del 2019 al día de hoy subió más del 100 por ciento, al pasar de ocho mil pesos la tonelada urea hasta 16 mil y 19 mil pesos, según fuera el caso. Y todo ello por proteger a “los coyotes” importadores de fertilizantes, que lo traen de Estados Unidos y Asia, una oferta que no tiene competencia y hace lo que quiere con los productores agrícolas sinaloenses, asunto que no deberá permitirse más, como es el boicot a la planta de fertilizantes de Topo.

La tercera, es que la hacienda pública no queda en buenas condiciones por el cúmulo de deudas a corto plazo que suma miles de millones de pesos, y que no cumplió con la ley de disciplina financiera que rige a todos los gobiernos locales, municipios y estados, que establece que noventa días antes de que concluyan sus mandatos, deberían estar liquidadas dichas cuentas, y no heredarle absolutamente ninguna a los nuevos gobernantes.

La austeridad es una buena medida, y en el servicio público siempre debe prevalecer, pero al seno del gobierno siempre ha existido el vulgar latrocinio, desvío de recursos e ineficiencia del gasto, por lo que la transparencia, la legitimidad y legalidad del gasto, como también la planeación y presupuestación con objetivos, metas y destinos precisos de la inversión deben de ser características de los próximos presupuestos estatales y municipales.

No es posible más indolencia, apatía y frivolidad para construir estadios y abandonar obras esenciales como las de Ahome (drenaje y agua), y la de Guasave, que su planta de agua potable, considerada “de primer mundo”, como dijeron, aunque aún no opera después de diez años.

Hay muchas cosas más, pero en lo inmediato si no cambian la estrategia contra el coronavirus y el dengue, y también llegan a perder la inversión de la planta de Topo y no revisan el estado financiero y las condiciones de los bienes públicos, en diciembre estarán con la primera emergencia en puerta.