La Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega expuso lo anterior al participar en el foro “Panorama Actual de la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT)”.
Al exponer en la mesa “Resoluciones relevantes en materia de igualdad y equidad de género del SNT”, citó que anualmente, en todo el país se emite un volumen considerable de resoluciones de recursos de revisión, de las que no se promueven ni detectan aquellas en las que se aplica la perspectiva de género.
Una de las causas, dijo, es que a pesar de que el derecho de acceso a la información pública se ejerce desde hace más de 15 años, el SNT es realmente joven, naciendo a raíz de las reformas constitucionales en las que se dotó de autonomía a los organismos garantes y la plena libertad para resolver.
Otra causa, abundó, es la normalización del uso de lenguaje inadecuado y la falta de sensibilización de las personas que intervienen en el recurso, sean parte, tercero interesado o proyectista.
La Comisionada presentó dos resoluciones emitidas recientemente por Ceaip, en una se solicitaba la resolución del proceso contra 5 maestros universitarios, separados de la función por violencia de género contra alumnas. El sujeto obligado la clasificó inadecuadamente como reservada, se revocó para que se pronunciara sobre la existencia de procesos en trámite y su eventual clasificación; y en el supuesto de haber causado estado, se liberara la información.
Mientras que la otra, es la primera resolución emitida en la historia de Ceaip Sinaloa, incorporando elementos para juzgar con perspectiva de género por señalamientos del recurrente estereotipados, que denostaban, minimizaban, cosificaban y subestimaban la labor de una servidora pública.
“Aquí resalto 2 puntos: 1: mi reconocimiento a la amplia colaboración, apertura y aceptación del Comisionado Ponente, que por cierto es nuestro Presidente, José Alfredo Beltrán, para implementar en su resolución esta práctica, como primer ejercicio de la Comisión. Y 2: esto no significó que se confirmara la respuesta del sujeto obligado ya que se atendió de manera paralela dentro de la misma resolución”, detalló.
Enfatizó en incorporar la perspectiva de género en las resoluciones emitidas por los órganos garantes de transparencia, misma que se debe hacer de manera oficiosa y no requiere que sea a petición de parte.
“No puede haber una verdadera igualdad si no reconocemos la equidad en todas las personas, no solamente en las mujeres, hay que ir más allá para una verdadera inclusión, pensar en la comunidad LGBTIQ”, propuso.
Se pronunció por atender el principio pro persona, brindar un trato como personas que son y no a partir de un género, con las siguientes consideraciones:
Sensibilizar, cero normalización de violencia, identificarla y distinguirla; uso de lenguaje incluyente; erradicar transcripciones ofensivas y estigmatizaciones en las resoluciones.
También resolver basados en Convenios, Tratados y Acuerdos como lo son la «Convencion De Belem Do Pará”, recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros.
Recomendó la práctica del derecho comparado, siendo insumos valiosos las versiones públicas de sentencias emitidas por poderes judiciales del país, en las que se aplican los pasos para juzgar con perspectiva de género.
Además de colaboración interinstitucional, buscar acercamiento con las Comisiones de Derechos Humanos, Poderes Judiciales, Fiscalías, Centros de Justicia para las Mujeres, sistema DIF, Institutos de las Mujeres de los distintos órdenes de gobierno locales y sociedad civil, para retroalimentación, capacitación y generar micrositios específicos como los tienen en Nuevo León, Veracruz, Puebla, Yucatán y en el INAI, señaló.
El foro fue organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas y la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, ambas del Sistema Nacional de Transparencia; así como Gobierno del Estado y organismo garante (ITAIPUE) de Puebla.
REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA.
