Una y otra vez en los últimos meses hemos insistido en este espacio que se ha equivocado el gobierno de la república desde que apareció la pandemia del COVID-19 al no dimensionarla, y en consecuencia no actuar oportunamente , tanto a sus efectos en la salud pública como en la economía, comportamiento que lo ha conducido a un arrinconamiento cada vez mayor y probablemente a un callejón sin salida.

En varias ocasiones hemos insistido en la necesidad de un programa, una estrategia, un plan, lo que contenga medidas de contingencia, reconstrucción y recuperación ante los efectos que representan estas crisis para la sociedad y que esta reacción, en cualquier lugar que sea en el mundo, necesita el soporte humano, material y financiero indispensable, cuestiones que en el mejor de los casos se han minimizado, pero existen opiniones de que las han ignorado.

Y hay razones para pensar en este extremo que pareciera absurdo no se creerían si no existieran las actitudes al respecto, como ha sido el tabú a la posibilidad de contratar deuda pública para enfrentar los severos daños de esta gran crisis.

Tabú incomprensible para quien escribe, pero también para múltiples amigos que han compartido sus ideas al respecto, como la que nos hizo llegar el amigo Jaime Sánchez Duarte, quien nos comenta que “tenemos disponibles 61,000 millones de dólares de derechos especiales de giro en el FMI, crédito con tasa baja y sin condiciones”.

O lo que escribe otro amigo, Omar Garfias, quien comenta que sí hay soluciones a la crisis económica y comparte un programa de diez puntos particularmente para Sinaloa donde propone un cambio en la visión de la economía, del gobierno y de la misma sociedad para encarar el largo plazo que nos impone la quiebra económica en curso.

Por lo que resulta inaudito que el gobierno de la república y también los gobiernos estatales (quizá con excepción del de Colima), que no han estructurado ningún plan nacional ni local, como no sea armar despensas y repartirlas en los ranchos y colonias.

Eso es lo más elemental que los gobiernos locales deben hacer, pero pueden hacer mucho más, como empezar a hacer política nacional apoyando la propuesta de modificar el convenio de coordinación fiscal, pero es necesario que todos los gobernadores digan las cosas por su nombre y no estén agachados ante un presidente al que deben exigir y coadyuvar.

Modificar el convenio de coordinación fiscal está muy bien, pero para la crisis ya no será oportuno porque tardará mucho tiempo en implementarse. Lo que se necesita en este momento son medidas en caliente, de urgencia, porque cada día se cierran empresas, se pierden empleos y se muere más gente.

En eso el gobernador de Colima, el priista José Ignacio Peralta Sánchez, fue categórico y solicitó al congreso de su estado le autorizaran un crédito por más de 700 millones, precisamente por las urgencias que agobian a su estado, mientras que Jalisco, Nuevo León y Guanajuato hicieron modificaciones al presupuesto de egresos, pero ya se les acabó la capacidad de maniobra y han llegado a límites extremos que les pueden llevar a perder el control ante la pandemia y la crisis económica sin que el gobierno de la república reaccione.

Por supuesto que nadie quiere endeudarse, pero cuando no existe de otra hay que hacerlo. Todos los países lo vienen haciendo ¿Por qué México no?