Los gobiernos funcionan como fusibles del sistema.
Rolando Astarita
La desaparición forzada de personas es parte fundamental de la crisis humanitaria. Tres son los grandes dolores que dan cuerpo a esta tragedia que sigue sacudiendo a México: los homicidios, los desplazamientos y las desapariciones forzadas. Y pareciera que no hay poder humano que pueda poner punto final a la muy preocupante situación que delínea la mencionada crisis humanitaria.
Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y se le ha dado connotación de Detenido Desaparecido, con el fin de resaltar el papel y la responsabilidad que le cabe a los Estados (gobiernos) en el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Todos conocemos esa larga y triste historia en Latinoamérica, que data desde los años sesenta del siglo pasado, en la que gobiernos de corte autoritario o abiertamente militar, apostaron por la represión sangrienta como recurso primero y último para mantenerse en el poder.
Las comisiones de la verdad que surgieron poco después de caídos esos regímenes autoritarios, pusieron en manos de la sociedad los datos y cifras de una realidad que angustiosamente vivida, reiteraba los dolores y los mecanismos que los generaron. Y sobre todo la dimensión que alcanzan. Los 30 mil desaparecidos de la Argentina, los 5 mil de Chile y los que acumularon Paraguay, Perú, Guatemala y El Salvador, son esas ausencias que denuncian a cada paso y a cada recuerdo, los crímenes que desde el Estado se cometieron en contra de ciudadanos y de su misma sociedad. Por eso la importancia de que se haya establecido el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Los números en nuestro país ya rebasan los promedios de América Latina, hemos ido más allá que las dictaduras militares, sin que las hayamos tenido. Tuvimos una guerra sucia contra movimientos sociales y contra activistas, sin que fuera una guerra civil o con el reconocimiento del Estado de un enemigo en los términos que exigen las normas de toda guerra. También tuvimos una guerra contra el narcotráfico, negada después por los quienes la declararon, luego de desvelarse las terribles consecuencias en cobro de vidas, desaparecidos y desplazados. Pero allí estuvo. Y los dolorosos saldos aún se siguen registrando, porque la violencia invadió todos los espacios de la vida pública y privada nuestra.
Más de 40 mil desparecidos tenemos en el país, dominando la atención algunos de los hechos por el número de víctimas, por su crueldad o por el golpe moral que han significado. Destacan Ayotzinapa, San Fernando Tamaulipas y recientemente Veracruz, donde nos dicen que luego de tres años de búsqueda se encontraron alrededor de 22 mil piezas óseas humanas. Sencillamente terrible permanecer indiferente a la mencionada crisis humanitaria después de saberlo. México es el único país del continente donde se sigue desapareciendo.
La Fiscalía General del Estado ha hecho público un informe en que reconoce que hay 4 mil 265 personas desaparecidas en Sinaloa hasta el pasado 26 de agosto. Las divide en personas víctimas de privación de la libertad y de desaparición forzada. Y van entre menores de un año hasta mayores de 41 años de edad. ¿Son todas? Desde luego que no. La cifra negra, la que no se denuncia y se desconoce, puede alcanzar tres o cuatro veces más que la registrada. Pero lo informado por la Fiscalía es una referencia y muy importante, pues de ello podemos desprender algunas conclusiones que pauten el hacer de la autoridad y de la sociedad. Antes que nada reconozcamos que es un problema del tamaño del mundo.
En primer lugar, hay que decir que no existe una política pública que integre a los tres órdenes de gobierno para atender y abatir el fenómeno de la desaparición forzada de personas. Hay, es cierto, una legislación nacional aceptable, pero no existe una correspondiente en todos las entidades y donde hay faltan muchas lagunas por cubrir. La corrupción –las complicidades, pues- no dejarán de existir en tanto no haya una esa política pública integral. Urge, urge por lo tanto la elaboración y práctica de una estrategia que tenga como objetivo poner punto final a la desaparición forzada.
La sociedad civil no puede dejar las cosas al triste y desesperante nivel que tienen ahora. Observando a los grupos de familiares con desaparecidos ir a desgastantes jornadas en búsqueda de sus tesoros perdidos, no les ayudará en nada. Reconozcamos que a pesar de las condiciones poco propicias para realizar sus jornadas agotadoras de búsquedas, los resultados son buenos, con todo el dolor que significa encontrar restos de seres humanos que se llevaron vivos. Pero iríamos más lejos si las instituciones públicas determinan una política muy clara y comprometida para atacar de raíz el problema. Y si la sociedad le entra al problema como ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones. Vale.
Twitter @Oscar_Loza
