En la larga historia de genocidios que han plagado a la humanidad, la desaparición forzada no es sino una expresión renovada y aún más cruel del hartazgo de matar sin escrúpulos y de infligir nuevos sufrimientos a las víctimas y sus familias. México, con sus más de 2 millones de kilómetros cuadrados, se ha convertido en un gigantesco cementerio invisible donde cada día decenas de miles de familiares —hijos, hermanos, padres— buscan a sus desaparecidos. La suma de estas ausencias forzadas y los asesinatos supera con creces el número de víctimas que dejan algunas guerras abiertas en otros países, y sin embargo, aquí, pareciera que el mundo mira hacia otro lado.
Esta monstruosidad no solo pesa por su magnitud, sino también por la negación sistemática que hacen los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T). Heredaron una cifra escalofriante: 130,000 personas desaparecidas. Sin embargo, esa realidad fue borrada sin pudor alguno por una gestión que parece querer huir del estigma como quien se quita una piel que quema. Así lo ejemplificó la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al desacreditar —con un gesto impulsivo y sin reflexión— el informe sobre desapariciones que elaboró el comité de la ONU. La ira presidencial desató una feroz lucha narrativa para intentar apagar la verdad, un intento tan vano como tratar de tapar el sol con un dedo.
La primera reacción fue el rechazo tajante y sin la menor medición del informe que valoraba las 132,000 desapariciones durante los gobiernos de Morena como un posible genocidio. Incapaces de contener su rabia, el gobierno recurrió luego a enviar a Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para dialogar con organizaciones civiles y presentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ahí destapó una verdad más brutal aún: hablo de 72,000 cadáveres encontrados en todo el país de esos casos sólo 3,869 cuentan con carpeta de investigación formal, es decir, apenas el 2.9% tiene alguna acción judicial iniciada. La frialdad de esa cifra desnuda la peligrosa ineptitud e indiferencia de una institución encargada de proteger, perseguir y sancionar estos delitos atroces.
Pero la ofensiva gubernamental no paró ahí. Otra andanada vino desde la organización civil «Global Center for Human Rights», que denunció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aludieron al financiamiento extranjero —de Europa, fundaciones privadas y organizaciones internacionales— como si esa financiación deslegitimara las investigaciones y recomendaciones. Esta defensa a ultranza busca ocultar lo evidente: la tragedia es real, escalofriante y requiere atención genuina.
Frente a este ambiente, las voces ciudadanas resuenan con fuerza. Gina Campuzano y otras representantes de organismos civiles recordaron que la visita del comisionado de Naciones Unidas no es capricho ni imposición internacional, sino una petición hecha por las mismas familias de desaparecidos. Además, alertaron que de los cerca de 72,000 cadáveres encontrados en todo el país, muchos permanecen sin identificar, un dato alarmante que justifica plenamente la investigación y acompañamiento de la ONU.
Lo más doloroso, sin embargo, es que en medio de esta catástrofe, la presidenta Sheinbaum haya propuesto desde Barcelona sustituir a la ONU por inoperante, en lugar de abrir espacios de diálogo, escucha y colaboración. Con este acto, no solo desconoce el sufrimiento de miles de familias mexicanas que viven diariamente esta tragedia, sino que desprecia la oportunidad de transformar una crisis humanitaria en un compromiso colectivo para hallar justicia.
Si el gobierno niega la magnitud del problema, sostiene la ineficiencia y desatiende las críticas nacionales e internacionales, difícilmente veremos avances reales. Y si los hay, no serán obra del poder oficial, sino de la tenacidad y el coraje de las familias de desaparecidos y las asociaciones civiles que les acompañan. Ellas son las verdaderas guardianas de la memoria, las que luchan contra el olvido y desafían a un sistema que prefiere callar. Ya veremos si México puede cambiar esta historia o seguirá siendo el cementerio silente de sus propias víctimas.
