En el complejo entramado del sistema educativo mexicano, donde la excelencia y la justicia deben ser principios irrenunciables, resulta inevitable destacar la notable gestión que ha demostrado la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la organización de sus procesos de admisión para el ciclo escolar 2026-2027. Ante el escándalo suscitado en la máxima casa de estudios del país, la UNAM, la UAS se erige como un modelo digno de análisis y reflexión.

El pasado 23 de mayo, la UAS aplicó más de 55,000 exámenes de admisión para bachillerato y profesional con un resultado impecable, producto de un meticuloso plan de admisión que abarcó desde la inscripción hasta la calificación del examen diagnóstico. Esta operación no es solo una hazaña logística; es el reflejo de una profunda responsabilidad institucional y compromiso con la transparencia y equidad educativa. La reciente implementación de un programa bimodal —mitad presencial y mitad a distancia— destaca aún más la capacidad de adaptación y modernización tecnológica sin desatender la calidad académica ni la igualdad de oportunidades de sus aspirantes.

Contrastemos este panorama con la situación actual de la UNAM, envuelta en un escándalo de dimensiones lamentables y que ha puesto en tela de juicio no solo su proceso de admisión, sino la credibilidad misma de su administración. El contrato otorgado a una empresa privada por 100 millones de pesos para aplicar el examen a 170,000 solicitantes desembocó en sospechas de hackeo, comercialización de respuestas y aplicación irregular a distancia sin mecanismos de control que garantizaran condiciones iguales para todos los aspirantes. Tales irregularidades no sólo han generado la suspensión del inicio de clases, sino también un clamor político y social que lleva a la creación de una comisión investigadora y a la renuncia implícita al prestigio académico ganado con esfuerzo durante décadas.

Lo que está en juego va más allá de un proceso administrativo fallido: es un problema ético y moral que cuestiona la integridad institucional y pone en riesgo la confianza de la sociedad en sus universidades públicas. Mientras la UAS exhibe un balance sin irregularidades y un compromiso férreo con sus responsabilidades, la UNAM exhibe las fisuras de una administración vulnerable a la corrupción y la negligencia.

El contraste entre ambas instituciones ofrece un espejo en el que podemos mirarnos con mayor crítica y esperanza. Si la UAS puede salir adelante con un proceso ejemplar, esto sugiere que otras universidades pueden y deben replicar ese nivel de profesionalismo y transparencia. La labor del doctor Alfonso Mercado y su equipo quienes fueron los encargados de diseñar y aplicar el plan de inscripción 2026, simboliza esa esperanza: ningún obstáculo, ni siquiera las amenazas cibernéticas, han logrado quebrantar la fortaleza de sus métodos y procedimientos, mostrando que la modernización tecnológica puede ser una aliada, no un enemigo, de la equidad educativa.

Pero no todo depende de la técnica o la logística; subyace un principio ético fundamental: la educación pública debe preservarse como un bien común, donde el mérito y la justicia sean las únicas cifras que cuenten. La crisis de la UNAM es una llamada de atención para todos los actores del sistema educativo: no basta con tener grandes recursos o una historia venerable, sino que la eficiencia, la honestidad y la responsabilidad son los verdaderos pilares para sostener el prestigio y la función social de estas instituciones.

En última instancia, la gestión de la UAS nos enseña que sí es posible hacer las cosas bien, que la transparencia y la preparación son armas poderosas contra la corrupción y la improvisación. En un contexto nacional tan convulso, estos ejemplos deben valorarse no solo como logros aislados, sino como faros que guíen y obliguen a otros a seguir ese camino. Solo así podrá la educación superior en México cumplir cabalmente con su misión transformadora y democratizadora, en beneficio de toda la sociedad.