* La universidad pública, entre el clamor y la responsabilidad

La reunión de la CEPAL celebrada el pasado 26 de agosto en la UNAM, con el rector Leonardo Lomelí Vanegas como anfitrión y la participación de Michelle Bachelet, dejó una conclusión que debería ocupar el centro de la agenda latinoamericana: la educación es un instrumento fundamental para la paz, el desarrollo y la cohesión social. No se trata de una declaración retórica. Si los gobiernos desean sociedades menos violentas, más productivas y democráticas, deben asumir que las universidades son uno de los principales pivotes de esa transformación.

Pero ninguna institución puede cumplir esa tarea si carece de recursos. En México, el déficit presupuestal de las universidades públicas alcanzaría ya los 55 mil millones de pesos, según lo señalado por el doctor Luis Armando González Placencia durante la Asamblea Nacional de la ANUIES del pasado 22 de septiembre. La cifra no es solamente contable: representa aulas que no se construyen, investigación que se cancela, estudiantes que no reciben apoyos y proyectos académicos que se vuelven inviables.

Por ello, la reunión nacional de la ANUIES puede considerarse un momento histórico. La discusión universitaria dejó de estar fragmentada en demandas particulares y comenzó a construirse como una agenda común. Tres acuerdos resultan especialmente relevantes: enfrentar de manera institucional el déficit presupuestal; exigir a los gobiernos el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad en las universidades y sus entornos; y atender las condiciones que amenazan la viabilidad de la educación media y superior.

El primer acuerdo tiene una importancia política evidente. Que el máximo órgano deliberativo y representativo de las instituciones de educación superior reconozca la necesidad de un financiamiento suficiente y progresivo modifica los términos de la discusión pública. Ya no se trata de negociar cada año, universidad por universidad, una sobrevivencia presupuestal. Se trata de establecer una política de Estado que pudiera conducir, gradualmente, a destinar hasta el 8 por ciento del presupuesto nacional a la educación en su conjunto.

El segundo acuerdo también es decisivo. La seguridad no puede ser una responsabilidad que las universidades enfrenten solas. Las instituciones tienen obligaciones administrativas y preventivas, pero la seguridad pública corresponde al Estado. Cuando la violencia penetra en los campus o amenaza a sus comunidades, no sólo se vulneran personas: se interrumpe la enseñanza, se limita la investigación y se deteriora la vida democrática.

El tercer punto mira hacia el futuro. Algunas universidades enfrentan riesgos financieros, laborales y académicos que podrían producir retrocesos graves. Esto ocurre justamente cuando la educación debería ser la palanca principal del progreso nacional. Defender su viabilidad no es proteger privilegios corporativos; es preservar una de las pocas herramientas capaces de generar movilidad social y armonía.

La consecuencia más importante de estos acuerdos es el cambio en los métodos de lucha. La universidad ya no aparece aislada, sino integrada en un foro nacional que permite valorar sus particularidades dentro del conjunto institucional y del contexto global. La interlocución colectiva sustituye, poco a poco, la gestión dispersa y reactiva.

En ese proceso, la UAS ofrece una experiencia valiosa. Su reingeniería integral, el fideicomiso para la jubilación dinámica y la incorporación de la bimodalidad como método de enseñanza-aprendizaje muestran que es posible reformarse sin renunciar a la responsabilidad social. También revela que una comunidad cohesionada, con métodos democráticos e incluyentes, puede anticipar los desafíos.

La ANUIES ha dado un paso significativo. Ahora corresponde a los gobiernos escuchar que financiar la educación no es un gasto prescindible, sino una inversión indispensable para la paz y el desarrollo. La universidad pública no pide indulgencia: exige condiciones para cumplir su misión.