No, aún no. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no está en quiebra, pero camina inexorablemente hacia ese abismo si no se corrigen las condiciones actuales. A este ritmo, este 2026 acumula un déficit del 20% que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones más básicas, desde el gasto corriente hasta el pago puntual de salarios a sus trabajadores. La gravedad del asunto no es menor: la incertidumbre generada puede inviabilizar la regularidad en sus funciones sustantivas, esas que definen su razón de ser y aportan al desarrollo social y educativo de la región.

Hoy, paradójicamente, la UAS respira un ambiente de armonía, diálogo y consenso interno que no se había visto desde hace años. Esa madurez política y administrativa se debe a la reforma integral que ha logrado reposicionar su viabilidad institucional mediante una reingeniería decidida y consensuada por toda la comunidad universitaria. No son los problemas internos los que ponen en riesgo a esta institución; muy al contrario, son los factores externos, principalmente el constante debilitamiento de los subsidios federales para la educación pública, un fenómeno que afecta a nivel nacional y que comienza a asfixiar a nuestras universidades.

Para ilustrar con datos concretos, analicemos el panorama presupuestal. De 2014 a 2025, el presupuesto destinado a la educación pública ha permanecido invariable en un magro 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2025, se intentó reducir aún más, a un 2.9%, pero gracias a la movilización y protesta conjunta de varias universidades públicas, se logró un aumento nominal de 17 mil millones de pesos, elevando el presupuesto total a poco más de un billón de pesos. Sin embargo, este aumento fue un ajuste marginal que no modificó la proporción real respecto al PIB, ni benefició equitativamente a todas las instituciones. Instituciones emblemáticas del Valle de México, como la UNAM y el Politécnico, recibieron incrementos significativos, mientras que las universidades de provincia, entre ellas la UAS, fueron relegadas a recibir prácticamente cero recursos adicionales. Esta desigualdad es una muestra clara de la centralización y la falta de una política educativa que considere la diversidad y necesidades regionales.

La crisis financiera que atraviesa la UAS no es una casualidad ni un accidente; es consecuencia directa de una política nacional restrictiva y mal enfocada respecto a la inversión en educación superior. No es un problema exclusivo de Sinaloa, sino de todo el país, pero ello no exime a la UAS de luchar por los recursos que le corresponden. Para empezar, hay que señalar que el gasto público en educación ha estado a la baja; después de alcanzar un máximo del 3.6% del PIB en 2015, hoy se está en un preocupante 2.9%, cuando el promedio mundial es del 4.6% y en América Latina llega al 4.9%. No cabe duda de que el gobierno debe incrementar su inversión educativa porque esta es, sin duda, la mejor barrera contra la marginación y la pobreza.

En segundo lugar, es indispensable aplicar criterios equitativos y transparentes para la distribución presupuestal. Un ejemplo claro es el cálculo del costo promedio por estudiante. La UAS, con aproximadamente 175 mil alumnos, cuenta con un presupuesto cercano a 8,100 millones de pesos, lo que representa un monto promedio de 46,000 pesos por alumno. Contrastemos esto con la UNAM, cuyo costo promedio asciende a 80,000 pesos por estudiante. Este desequilibrio refleja una asignación que castiga a las universidades fuera del centro del país, perpetuando desigualdades que deben corregirse con urgencia.

Finalmente, ante la inminente emergencia financiera que podría llevar a la UAS a la bancarrota en 2026, es fundamental implementar un plan de acción urgente y coordinado con los gobiernos federal y estatal. Además, no debe descartarse la posibilidad de gestionar un crédito de mediano plazo, siempre dentro del marco legal vigente, para asegurar la operatividad mínima necesaria. Esta medida, aunque no ideal, puede ser un salvavidas temporal mientras se negocian aumentos presupuestales justos y sostenibles.

En conclusión, la UAS enfrenta una amenaza seria que demanda la atención inmediata y responsable de todos los actores involucrados. La universidad no está sola; es parte del entramado social y educativo del país. Por ello, su defensa no es solo una exigencia local, sino un llamado nacional para que el gobierno entienda que invertir en educación superior es invertir en futuro, justicia social y progreso sostenible. No podemos permitir que la austeridad selectiva y la concentración de recursos sigan hipotecando el desarrollo de la educación pública en provincia. La UAS debe y tiene que ser escuchada, apoyada y fortalecida. Es momento de actuar con visión, responsabilidad y compromiso patriótico.