La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta un desafío mayúsculo que pone en entredicho no solo su viabilidad financiera, sino el rumbo mismo de una institución que ha sido pilar académico y cultural en México. A punto de cerrar el ciclo escolar 2025-2026, la Universidad arrastra un déficit histórico que supera ya los 1,500 millones de pesos, una cifra que no es producto de la negligencia, sino del entramado complejo entre compromisos laborales, promesas gubernamentales y la realidad presupuestal que lacera su estructura.
Para entender la gravedad del asunto es imprescindible remontarse a la alianza forzada entre la UAS y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ante un colapso financiero inminente, ambas partes emprendieron un estudio actuarial, un análisis prospectivo estructural que dictaminó una conclusión demoledora: el modelo económico de la UAS era insostenible. La universidad, envidiable en logros pero vulnerable en cifras, enfrentaba la disyuntiva de recortar sus prestaciones o reducir sus funciones sustantivas. Ni lo uno ni lo otro fue aceptado; eliminar la jubilación dinámica, una conquista laboral profunda, hubiera sido una traición; sacrificar la calidad y cobertura era renunciar al ascenso meteórico que la tiene entre las tres mejores casas de estudios públicas del país.
Así nació la apuesta por una ingeniería integral que planteaba una reforma laboral ajustada, el establecimiento de un fideicomiso financiado por activos y pensionados para sostener la jubilación dinámica, y la implementación de un sistema bimodal que optimizara recursos con la mezcla de clases presenciales y a distancia. Asimismo, se comprometieron a integrar el Plan México para ampliar la cobertura del bachillerato, en sintonía con la meta presidida por la ampliación educativa nacional. En este acuerdo, la SEP no sólo debía ser observadora sino aliada decisiva, respaldando financieramente para que la UAS pudiera cumplir este proceso sin sacrificar su esencia ni estabilidad.
No obstante, la realidad ha sido otra. La SEP ha incumplido el compromiso de coadyuvar en la crisis financiera de la universidad. La deuda se ha extendido como una sombra ominosa que amenaza con paralizar el pago de prestaciones laborales, sembrando un clima de incertidumbre sobre el salario de miles de trabajadores y desencadenando las primeras manifestaciones sindicales. El riesgo ahora es palpable y tangible: una paralización general, con suspensión de clases para más de 170,000 estudiantes, un daño irreversible para el desarrollo social y educativo de Sinaloa y el país.
Esta situación desnuda a un gobierno federal que no puede soslayar su responsabilidad ni evadir su palabra. La UAS es más que un ente académico; es un faro de conocimiento, inclusión y progreso que ha escalado para posicionarse como líder nacional en educación pública superior. Negarle el apoyo necesario no sólo es una afrenta institucional, sino una apuesta peligrosa contra el futuro de miles de jóvenes y familias que dependen de esta casa de estudios.
Los próximos días serán decisivos. La comunidad universitaria mantiene la unidad y el compromiso al 100%, pero la paciencia se agota. No es tiempo de pretextos ni dilaciones burocráticas; es momento de voluntad política y acción concreta para salvar a la Universidad Autónoma de Sinaloa y con ella, el derecho a una educación pública de calidad en Sinaloa. La pelota está en la cancha del gobierno federal. El país observa y exige. La UAS no puede permitirse perder esta batalla.
