La propuesta del gobernador Quirino Ordaz, cuando empezó su gobierno, de reducir de 40 a 30 diputados locales y 80 regidores en los 18 municipios, disque para ahorrar dinero y hacerlo más funcional, como si esos elementos de diagnóstico fueran lo medular en la construcción y funcionamiento de cualquier institución y no una multiplicidad de factores tan complejos que tienen relación con la historia, la política y la calidad de la democracia de una sociedad.

Desde entonces la propuesta del gobernador mostraba la estrechez política y el reduccionismo del tema, al mismo tiempo que conllevaba implícita la idea de fortalecer numéricamente al PRI en el Congreso del Estado y los cabildos como un golpe artero a la oposición para reducirla.

Pero los resultados electorales del 1° de julio del 2018 trajeron otra mayoría política en el Congreso y los municipios, la de MORENA, que resultó que el golpe también alcanzaron al PRI, además de toda la oposición al PRI, reflejando con esos resultados que los efectos políticos resultaron contraproducentes.

Otro de los grandes argumentos que sostenía la propuesta refería al ahorro económico y la economía procesal de las instituciones, cuando quedaba claro que el Congreso del Estado podía ahorrar de golpe 50 millones de pesos anuales con tan solo reducir a la mitad el exorbitante salario de los diputados, que ganaban entonces 200 mil pesos mensuales, como ocurrió con la ley de austeridad de MORENA, de poner el techo salarial en 107 mil pesos al mes, demostrando así la falacia del argumento de la iniciativa del gobernador.

Esa fue la primera etapa de esa reforma política del jefe del ejecutivo estatal, que primero vio el “autogol” con el triunfo de MORENA y ahora el conflicto de volver a los tiempos de Toledo Corro, quien era prolijo en esos juicios políticos carentes del mínimo sentido de la democracia, como lo exigían los tiempos y que obligaron a que en 1992 se creara un nuevo sistema electoral, político y democrático.

Fue en 1994 cuando se logró en todo el país la ciudadanización, que le dio más fuerza a la democracia, luego de que los órganos electorales se ciudadanizaron, lográndose que en Sinaloa, por primera vez, en 1995 el gobierno no administrara ni dirigiera los órganos electorales y se viviera aquel triunfo electoral del PAN en casi todo Sinaloa y el PRD ganara el municipio de Angostura.

La pluralización de la vida política de Sinaloa irrumpió con una poderosa oleada electoral en contra del PRI y puso en evidencia que reducir y controlar todos los órganos solo sirve para constreñir la participación social y reducir la pluralidad que implica la democracia.

Por eso aquella propuesta electoral y política que ahora está en cuestión, primero por el alud electoral de MORENA, ahora por evidenciar su improcedencia y retroceso político de la sociedad sinaloense.

El funcionamiento de las instituciones, y me refiero a todas las instituciones, corresponde al desarrollo de las fuerzas que inciden, tanto en su pertinencia, calidad y eficacia relativa a los procesos en que se inscriben.

Por lo que extraña que científicos sociales y politólogos eluden todas las implicaciones que entraña lo que hizo el gobernador el 2017 con aquella reforma política y lo que sería plausible corregir ahora que a todas luces ha quedado rebasada.

Además puede servir para conciliar choques y desencuentros como oportunidad para establecer diálogos de reconstrucción y unidad frente a los retos que le son comunes a todos, a la sociedad primero, al gobierno después y luego a las fuerzas políticas.