La marcha por la paz y la tranquilidad de Culiacán y Sinaloa reunió a más de 40 mil personas. Esa cifra, por sí sola, debería bastar para comprender que no se trató de una ocurrencia marginal ni de una protesta fabricada por intereses oscuros. Fue la expresión pública de una sociedad cansada del miedo, la violencia, la inseguridad y el deterioro económico. Sin embargo, algunos prefirieron discutir el número de asistentes antes que escuchar el motivo de su presencia. Es una forma bastante cómoda de no hacerse cargo del problema.
El despliegue militar y policiaco que acompañó la jornada fue, cuando menos, sorprendente. La carrera simultánea por la avenida Álvaro Obregón, desde Tierra Blanca hasta el bulevar Madero, sirvió como pretexto para instalar un operativo que bloqueó la circulación de oriente a poniente y alteró el transporte público. Un cerco inédito rodeó buena parte de la ruta. Si el objetivo era garantizar la seguridad, habría que preguntar por qué esa seguridad terminó convirtiéndose en un obstáculo para la movilización ciudadana. Cuando el Estado responde a una protesta pacífica con una demostración de fuerza desproporcionada, no transmite tranquilidad: transmite temor ante la propia ciudadanía.
Algunas voces vinculadas con la llamada Cuarta Transformación habían augurado el fracaso de la marcha. Después, ante su éxito, intentaron minimizarla. La maniobra resulta lastimosa, pero no sorprendente. Hay políticos que solo consideran legítima la voz popular cuando coincide con la suya. Si miles de ciudadanos protestan contra un gobierno adversario, son “el pueblo”; si cuestionan a los gobiernos propios, se convierten en una conspiración.
Lo más grave, sin embargo, no es la mezquindad del comentario partidista, sino el desplazamiento de responsabilidades. Se dice que una marcha no resolverá por sí sola la crisis de violencia. Naturalmente que no. Pero esa observación, presentada como argumento contra la protesta, revela una confusión interesada. Los ciudadanos no tienen la obligación constitucional de garantizar la seguridad: la tienen los gobiernos. La sociedad puede exigir, denunciar y organizarse; no puede sustituir a las instituciones encargadas de proteger la vida y los bienes de las personas.
Por eso resulta absurdo culpar a las víctimas de no haber resuelto el desastre que otros administran. Los ciudadanos no han fracasado. Han sido abandonados. Y en ciertos casos, han visto cómo las autoridades toleran, encubren o negocian con quienes deberían perseguir. Cuando el poder deja de combatir la violencia y comienza a convivir con ella, deja de ser solución y se convierte en parte del problema.
La gobernadora Graciela Domínguez haría bien en entender que la continuidad no es una virtud cuando prolonga el fracaso. Pretender que un gobierno puede corregir los errores del anterior sin reconocerlos es una forma de anestesia política. También la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta esa trampa: mientras no establezca una distancia clara respecto del legado de Andrés Manuel López Obrador, corre el riesgo de gobernar como rehén de una herencia que impide cualquier viraje.
La paz no se decreta ni se simula con retenes. Se construye con instituciones eficaces, transparencia, justicia y responsabilidad. La marcha de Culiacán no fue el problema. Fue el síntoma visible de una sociedad que todavía conserva algo que los gobiernos parecen haber perdido: la voluntad de no resignarse.
