La última etapa del gobierno de Rubén Rocha se parece cada vez más a una danza de créditos: movimientos rápidos, cifras que se enciman y una música contable que nadie termina de explicar. Lo preocupante no es únicamente cuánto se ha pedido prestado, sino que ni el propio gobierno parece tener claridad —o voluntad— para presentar a los ciudadanos una cuenta completa, ordenada y verificable de la deuda pública.
Ahora se anuncia que la gobernadora Graciela Domínguez invertirá en obra pública los mil cien millones de pesos que se pagaran en un año. La justificación suena conocida: contratar deuda para concluir proyectos inconclusos. El problema es que, desde 2021, los créditos adquiridos por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación superarían los diez mil millones de pesos. Y, hasta ahora, nadie ha explicado con precisión en qué se gastaron, cuánto se debe realmente y cuál será el costo financiero para los sinaloenses.
La deuda no comenzó con el último préstamo, pero sí se volvió una práctica recurrente. El gobierno estatal ha utilizado créditos de corto plazo como si fueran una extensión ordinaria del presupuesto. En 2023, durante la crisis del maíz, se contrataron inicialmente cinco mil 158 millones de pesos y al cierre del año la cifra habría llegado a cinco mil 225 millones, distribuidos en siete créditos. La emergencia agrícola fue real, pero también lo fue la falta de previsión.
El conflicto surgió después de que el gobierno federal prometiera pagar siete mil 500 pesos por tonelada de maíz y la promesa no se cumpliera plenamente. Sinaloa terminó absorbiendo la diferencia, alrededor de dos mil 500 pesos por tonelada, en una cosecha cercana a cinco millones de toneladas. El costo superó los siete mil millones de pesos. La pregunta inevitable es si el estado debía financiar una decisión política federal y, sobre todo, si existía un plan para recuperar esos recursos.
En 2025 se volvió a recurrir al mismo instrumento. Primero se hablaba de préstamos por aproximadamente dos mil 300 millones de pesos y, en diciembre, el Congreso autorizó otro por dos mil 200 millones. Así se llega a 2026 con un nuevo crédito de mil cien millones, pagadero en un año, destinado —según se afirma— a financiar obra pública.
El argumento de la inversión puede ser válido, pero no es suficiente. Una deuda puede ser razonable si financia infraestructura productiva, genera beneficios duraderos y se contrata bajo condiciones transparentes. Lo que no resulta aceptable es endeudarse para tapar hoyos, corregir errores administrativos o cubrir obligaciones que debieron estar contempladas en el presupuesto.
Además, están pendientes explicaciones más delicadas. El SAT reclamó al gobierno estatal la apropiación de impuestos federales cobrados a empresas como Coppel y Grupo AREH. La Suprema Corte habría ordenado reintegrar alrededor de mil 600 millones de pesos a la Hacienda nacional. También se ha señalado un desvío de mil 700 millones correspondientes a cuotas retenidas a trabajadores para el fondo de pensiones. Son cantidades enormes y, hasta ahora, la responsabilidad política parece diluirse entre expedientes y discursos.
Graciela Domínguez, cuando presidió la JUCOPO, encabezó la suspensión de cuentas públicas de ejercicios anteriores precisamente por irregularidades de esa naturaleza. Hoy, desde el gobierno, debería exigir el mismo estándar de transparencia que antes reclamaba a sus adversarios.
Sinaloa no necesita una danza de créditos, sino una rendición de cuentas completa: monto total contratado, destino de cada peso, tasas, plazos, garantías y responsables. Sin esa información, los préstamos no representan inversión: representan una factura que se hereda a los ciudadanos.
