* Colosio y Anaya: duros y certeros
La glosa del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum dejó una impresión incómoda para Morena: dos discursos provenientes de Luis Donaldo Colosio Riojas y Ricardo Anaya coincidieron en algo esencial. No se trató de una discrepancia menor ni de una objeción protocolaria, sino de un cuestionamiento frontal al relato de la llamada Cuarta Transformación. Ambos sostuvieron que el país no enfrenta simplemente dificultades pasajeras, sino las consecuencias de decisiones políticas acumuladas durante ocho años.
Ricardo Anaya centró su intervención en desmontar la vieja consigna de “no mentir, no robar y no traicionar”. Según los datos que presentó, la violencia homicida habría aumentado de unos 70 asesinatos diarios al término del gobierno de López Obrador a cerca de 100 en la actualidad. Las desapariciones, afirmó, también se habrían incrementado de 15 a 31 por día. Si estas cifras son correctas, no estamos ante una administración que necesite únicamente “más tiempo”, sino ante una política de seguridad que exige explicaciones, rectificaciones y responsabilidades.
La paciencia, en efecto, no es una virtud cuando se utiliza para encubrir la incompetencia. Puede ser una disposición moral admirable en el ciudadano, pero se convierte en una insolencia cuando el gobernante la exige después de años de ejercer el poder sin límites prácticos. No se le puede pedir al enfermo que espere mientras el médico insiste en que el tratamiento es perfecto, aunque todos los síntomas indiquen lo contrario.
Anaya también acusó al gobierno de haber convertido la lucha contra la corrupción en una nueva forma de propaganda. El llamado huachicol fiscal, dijo, constituiría un desfalco de dimensiones superiores al caso Segalmex. La gravedad no reside solamente en el monto del robo, sino en la contradicción entre la retórica de austeridad y la realidad de un Estado incapaz de vigilar sus propias aduanas, sus empresas y sus estructuras financieras.
Colosio Riojas, por su parte, insistió en una inversión moral que resulta cada vez más visible: las víctimas terminan bajo sospecha, mientras los culpables reciben protección política o narrativa. El caso de la viuda de Carlos Manzo —según fue planteado— ilustra esa perversión: quien pide justicia y pretende participar en la vida pública de Michoacán encuentra obstáculos, persecución o descalificación. En un país democrático, buscar gobernar no debería ser un delito; exigir justicia, mucho menos.
También resulta preocupante confundir soberanía con impunidad. La soberanía sirve para defender a la nación, no para convertirla en refugio de delincuentes ni en argumento contra la cooperación internacional. Invocar la patria para impedir la rendición de cuentas es una vieja astucia autoritaria: se presenta como defensa nacional lo que en realidad es miedo al escrutinio.
Morena suele invocar a Juárez, aunque a veces parece olvidar que el respeto al derecho ajeno no era una frase ornamental, sino una exigencia política. La persecución de periodistas, la hostilidad contra los medios críticos y cualquier intento de censurar la palabra contradicen precisamente ese legado. La democracia no consiste en que el gobierno hable sin interrupción, sino en que la sociedad pueda responderle sin temor.
Las críticas de Colosio y Anaya no son, por sí mismas, una solución. Pero sí recuerdan una verdad elemental: la pluralidad no es una enfermedad del sistema, sino su mecanismo de defensa. Pedir paciencia después de ocho años de poder no es prudencia; puede ser simplemente una manera elegante de pedir impunidad.
