* El peligro de legislar a ciegas

Hay asuntos que parecen pertenecer al sótano de la vida pública: cuestiones técnicas, jurídicas, casi invisibles para la mayoría. Sin embargo, de pronto descubrimos que en ese sótano se guardan derechos fundamentales. Tal es el caso de la discusión sobre la doble nacionalidad y la doble ciudadanía, un asunto que hoy se encuentra en trámite legislativo y que puede afectar a millones de mexicanos.

El sinaloense Heriberto Galindo Quintero ha llamado la atención sobre este problema con la autoridad de quien conoce desde dentro la política y el servicio público. Durante cinco décadas ha desempeñado cargos relevantes: fue dos veces diputado federal, senador de la República, cónsul en Chicago y embajador en Cuba, además de ocupar diversas responsabilidades dentro del PRI. Su experiencia no lo convierte automáticamente en dueño de la verdad, pero sí obliga a escuchar sus argumentos con seriedad.

En un artículo publicado en La Jornada, Galindo señaló una confusión que parece elemental, aunque sus consecuencias pueden ser enormes: doble nacionalidad y doble ciudadanía no son la misma cosa. La primera se refiere a la pertenencia jurídica de una persona a dos Estados. La segunda implica, además, el ejercicio de derechos políticos en ambos países. Confundirlas equivale a tratar como idénticas dos realidades distintas, del mismo modo que sería absurdo confundir la identidad con la militancia política.

La doble nacionalidad suele adquirirse por nacimiento. Millones de mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos, poseen esa condición sin haberla elegido mediante un acto político. Es un derecho de origen, vinculado a la filiación y a la ley. Pretender limitarlo o eliminarlo por vía legislativa sería una injusticia y, posiblemente, una forma de castigo contra personas cuya única circunstancia fue nacer fuera del territorio nacional.

Otra cosa es la doble ciudadanía. Quien posee ciudadanía mexicana y extranjera puede, en ciertos casos, votar, ocupar cargos o participar políticamente en ambos países. Esa situación sí plantea dilemas razonables de lealtad institucional, conflicto de intereses y responsabilidad pública. Pensemos en personas con negocios, inversiones, residencia y obligaciones fiscales a ambos lados de la frontera. Algunas incluso participan electoralmente en los dos sistemas. No es un delito por sí mismo, pero sí un asunto que requiere reglas claras.

La política democrática no puede funcionar a base de sospechas, pero tampoco puede ignorar los conflictos de interés. Por eso resulta razonable que quien aspire a ejercer responsabilidades políticas en México tenga que renunciar a la ciudadanía extranjera, si esa es la exigencia constitucional vigente. Lo que no parece razonable es extender esa restricción a quienes simplemente tienen doble nacionalidad por razones familiares o de nacimiento.

El problema de la iniciativa discutida en la Cámara de Diputados es que, según advierte Galindo, puede terminar eliminando en los hechos la doble nacionalidad. Si así fuera, estaríamos ante una confusión legislativa de consecuencias graves. Una democracia no demuestra su fortaleza aprobando muchas leyes, sino comprendiendo bien aquello que pretende regular.

La Cuarta Transformación, como cualquier proyecto político, debería recordar que gobernar no consiste únicamente en imponer mayorías, sino en distinguir. Distinguir entre derechos y privilegios, entre ciudadanía y nacionalidad, entre la participación política legítima y el conflicto de lealtades. Cuando el legislador no distingue, el ciudadano paga el precio.

El Senado tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. Debe escuchar las advertencias de Heriberto Galindo y revisar cuidadosamente el texto aprobado por los diputados. Regular la doble ciudadanía puede ser legítimo; borrar o restringir la doble nacionalidad sería, en cambio, una injusticia contra millones de mexicanos. La ley debe iluminar la realidad, no oscurecerla.