No cabe duda de que la controversia en torno a la instalación de la planta de amoníaco del grupo GPO en el municipio de Ahome, no es una mera disputa local, sino un reflejo palpable de intereses cruzados que trascienden fronteras económicas y políticas. Al analizar con objetividad los actores involucrados, queda claro que la oposición proviene de grupos locales poderosos como los Robinson bours del sur de Sonora —dueños de Bachoco—, así como del grupo Corérepe de Ahome y Adenor Agroindustrias del Norte, con sede en Culiacán. No es casualidad que estos sean precisamente quienes se verán más afectados por la competencia derivada de la puesta en marcha de esta planta, cuyo impacto en el comercio de fertilizantes será inminente y disruptivo.

México, conviene recordarlo, tiene un déficit alarmante del 65% en la producción nacional de fertilizantes, alrededor de 4 millones de toneladas anuales, lo que obliga a importar principalmente de Estados Unidos, Rusia y China. Esta dependencia, aunque parezca un mal necesario, constituye un lastre para la soberanía alimentaria y la estabilidad económica del país, que actualmente importa más de un millón de toneladas desde Mexicali a Elota, Sinaloa. La creación de la planta de amoníaco de GPO, con una inversión superior a los 6000 millones de dólares y la generación de 5000 empleos directos, producirá casi un millón de toneladas anuales, elevando la producción nacional al 55% y reduciendo el déficit a 2 millones de toneladas. Estos números no insultan la inteligencia nacional; al contrario, abren una ventana de oportunidad para recobrar autonomía en un sector estratégico.

Lo intrigante no es solo la oposición local, sino la intensidad de la campaña contra la planta, incluida la contratación del periodista y activista Julio Hernández, del periódico La Jornada, quien ha emprendido una labor de denuncia que incluso llevó de gira a Europa a varios activistas para denunciar un supuesto ecocidio. Sin embargo, esta narrativa parece ignorar un hecho fundamental: las bahías de Ohuira, Santa María y navachiste llevan décadas contaminadas por aguas negras y residuos agrícolas procedentes de municipios vecinos como Elota, Culiacán, Navolato, Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Desde hace más de 30 años, estos ecosistemas sufren una contaminación crónica que ha llevado a la veda casi total de la producción y consumo de bivalvos, evidenciando un daño ambiental ya consolidado y persistente.

En virtud de este contexto, la alarma ecológica planteada por los opositores se vuelve menos contundente cuando se confronta con la realidad de una región saturada de contaminación de origen humano y agrícola. Preguntémonos cuántas de esas aguas negras son realmente tratadas o qué mecanismos existen para mitigar el impacto ambiental generado por una agroindustria que consume más de un millón de toneladas de fertilizantes anualmente. En particular, la bahía de Santa María acumula hasta 30 centímetros de residuos en su fondo marino, un problema que no se resolvería en décadas aún si hoy se detuviera la contaminación.

Por otro lado, hay que recordar que, desde 1916, las más de 750 plantas de amoníaco existentes en el mundo no han provocado desastres irreversibles ni explosiones catastróficas. Y que las industrias actuales, específicamente la planta de amoniaco cuenta con mecanismos tecnológicos para mitigar sus impactos ambientales. Esta historia industrial debiera ser un dato tranquilizador frente a la retórica alarmista que predomina en la oposición. El rechazo a la planta también olvida que en el norte de Sinaloa ya se han realizado tres consultas populares sobre este proyecto y que todas han dado resultado positivo.

La negación y el inmovilismo no son nunca actitudes razonables, máxime cuando están en juego no solo los empleos que se crearán, sino también el apoyo a la producción agrícola y la lucha legítima contra monopolios y prácticas especulativas que hoy encarecen un insumo vital para la alimentación nacional. En definitiva, debemos sopesar con rigor todos los factores, no dejar que los intereses particulares y el miedo al cambio paralicen una iniciativa que puede significar un avance en términos económicos, sociales y de soberanía productiva. En este complejo escenario, la política responsable exige abrir el diálogo y compartir la información con claridad, sin caer en dogmatismos ni simplismos, porque la solución está en la capacidad de construir consensos que privilegien el interés colectivo sobre el particular.