Visión Ciudadana

¿En qué estado vivimos?.....Urge un pacto social


columna joseluisUn triste adiós para nuestra querida amiga la Dra. Dulce María Espinoza y un fuerte abrazo para toda su familia. DEP

 

De verdad me sorprendí, de leer sobre la existencia de una operación anticorrupción en el vecino estado de Baja California Sur, bautizado como “ChayanneGate”, donde se sospecha “andan volando” 18 millones de pesos para la contratación del artista Chayanne que hiciera el gobierno sudcaliforniano, en el que ya van varios funcionarios estatales dados de baja y ya alcanzo los tobillos del gobernador Víctor Manuel Castro Cosió.

 

Si, tiene usted razón, aquel que lloro en un encuentro con AMLO, cuando este se despedía de la entidad porque ya finalizaba su periodo presidencial, quien además, ha pasado este año por “escándalos”, así les llaman allá nuestros vecinos, también tienen el “trompetagate”, una denuncia que hizo la ASF (auditoria superior de la federación) por la compra de 4 trompetas para una competencia deportiva en 3 millones de pesos y que dio a conocer el portal “LATINUS” a principios de año, que se suman a otros escándalos del 2023, como el de la auditoria al INSUDE(instituto sudcaliforniano del deporte) y el INVI(instituto de vivienda BCS), de donde resulto un desvió de 53 millones de pesos de lo que derivo a la vinculación a proceso de funcionarios de esas dependencias.

 

Hago esta larga descripción de la corrupción en el vecino estado de BCS y la forma en que se persigue y se combate la corrupción a contrapelo del propio gobernador Víctor Manuel Castro y su secretaria de finanzas Bertha Montaño Cota, quienes se quejan de campaña política en su contra, lo expongo, por que cuando veo las notas y debates de aquel estado, de cómo tratan sus problemas y como los van resolviendo, sin tocar la magnitud y sus efectos, es para ponderar la diferencia entre la vida cotidiana de aquella sociedad sudcaliforniana, con la de la sociedad Sinaloense.

 

La distancia, gravedad y deterioro es abismal entre nosotros y nuestros vecinos de aquel estado, cuando aquí el hilo entre la vida y la muerte cada vez es más delgada, allá la “nota roja”, la violencia y la inseguridad, no es el día a día, no es el sufrimiento cotidiano ni el cinismo del servicio público.

 

Y lo escribo, porque a la tristeza y el abono al miedo que infunde cada vez que sale a dar conferencia en e informar sobre la inseguridad en el estado el Gral. Gerardo Mérida Sánchez, secretario de seguridad publica en Sinaloa, se agrega la ineptitud como un signo sobresaliente en el desempeño.

 

En el informe que se hizo el pasado sábado es “la privación de la libertad de dos hombres y una mujer”, “disparos de civiles contra una casa en “Chulavista”, en el fraccionamiento “las mañanitas” nueve albañiles son obligados a transferir dinero de sus tarjetas bancarias, privan de la libertad por más de un día y luego fue liberada, en el fraccionamiento “Benevento” privaron de su libertad a un hombre y luego fue abandonado a quien despojaron de dinero y le dieron un balazo en la pierna, al bajar de un autobús urbano una joven mujer fue interceptada y subieron a la fuerza a una camioneta y todo eso sin incluir los asesinatos, robo de vehículos y asaltas a negocios.

 

Si no fuera realidad todos estos hechos y los que no se informan, estamos hablando de una noche de terror de aquellas películas de “cine negro” de los años 70´s, que desde que oscurecía hasta que amanecía no paraba ni un minuto la violencia.

 

Lo más cruel, es que la autoridad le de recomendaciones al ciudadano de que se cuide, como el vivo retrato o declaración de un funcionario público fracasado, cuando no tiene explicación para explicar el siguiente caso, ¿Cómo , desde la colonia “las huertas” en Culiacán, hasta la fiscalía del estado entre los que media una distancia de casi 4 kilómetros, los haya recorrido un auto de un ciudadano perseguido a balazos, hasta que se estrelló en el portón de la fiscalía estatal de Sinaloa, sin que en el trayecto no haya existido ninguna autoridad que le brindara auxilio?

 

O el caso de los nueve albañiles, que transfirieron sus ahorros a los delincuentes y después de hacer la denuncia, el reporte de la policía, “es que no se logró dar con los responsables”, inaudito, aunque usted no lo crea y se pregunte ¿de qué sirve la unidad de inteligencia cibernética? ¿Acaso nuestros grupos de seguridad no saben nada al respecto? O ¿los bancos no tienen mecanismos para identificar?

 

No sé qué pasa, pero ya desde el momento que refieren como que “fue privado de su libertad” en lugar de llamarlo por su nombre a estos vulgares secuestros, por que quien puede “privar de la libertad” es una autoridad, que lo haga un civil ya es un delito grave y se llama secuestro. Estamos como del cielo a la tierra.


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