Cuando la demagogia reemplaza a la realidad, el discurso se convierte en un mero acto de engaño. En este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha superado los límites del cinismo, intentando presentar un rostro amable y efectivo ante el grave abandono del sector agropecuario, clave para la economía nacional. A lo largo de casi siete años, las promesas sobre la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en producción agropecuaria han quedado en palabras vacías que solo pretenden calmar las críticas.

La retórica oficial se llena de términos como «pureza genética del maíz» y «apoyo a los productores», mientras que, en la práctica, se han implementado muy pocas acciones concretas. Pregúntese: ¿qué programas han tenido un impacto real en el desarrollo rural? La respuesta es desoladora. Se ha llegado a destruir la infraestructura existente que apoyaba a los productores, liquidando instituciones vitales como las financieras rurales y Segalmex, a la vez que se han abandonado los esfuerzos necesarios para elevar la competitividad y modernización del campo.

Sin embargo, la protección a monopolios como Cargill, Monsanto y Bayer ha sido evidente, priorizando sus intereses sobre el bienestar de miles de productores mexicanos. Mientras tanto, los campesinos del norte, que son más productivos y capaces de generar mejores cosechas, se ven relegados a un segundo plano, dejando a 22,000 de los 26,000 productores de maíz en Sinaloa al borde de la quiebra. Es alarmante que se hable de proteger variedades de maíz criollo que apenas aportan una fracción de la producción total, haciendo caso omiso a la realidad del mercado.

El gobierno se niega a pagar precios justos por el maíz blanco, sabiendo bien que los pequeños productores necesitan al menos $7,000 por tonelada para mantenerse a flote. Esta falta de apoyo se torna aún más evidente cuando se observa que se importan enormes cantidades de maíz amarillo transgénico para la industria de consumo animal, mientras que se niega la posibilidad de cultivar esta variedad en nuestro propio suelo.

La situación se complica cuando altos funcionarios, como el secretario de Agricultura de Sinaloa, Israel Bello, presentan acuerdos que suenan atractivos pero que carecen de fundamento y viabilidad. Afirmar que bajarán el precio de la tortilla sin coordinarse adecuadamente con los industriales del sector es, simplemente, una mentira más en un largo repertorio de promesas incumplidas. ¿Cómo pretenden estabilizar precios cuando no pueden gestionar ni siquiera un programa piloto a nivel local?

Además, la falta de atención a las propuestas científicas, como las del doctor Cuauhtémoc Reyes Moreno o del doctor Jorge Rodolfo León Murillo, demuestra una incapacidad alarmante por parte de quienes nos gobiernan para escuchar y aprender de quienes verdaderamente entienden el sector agropecuario. Sin esta colaboración, sus intentos por mejorar la situación se convierten en mera palabrería vacía, destinada a engañar a una ciudadanía que merece algo más que promesas infundadas.

En conclusión, el actual enfoque del gobierno hacia el sector agropecuario solo perpetúa la ineficiencia y la incompetencia. Hasta que se reconozcan estas carencias y se tomen decisiones basadas en la realidad y necesidades del campo, seguirán siendo respuestas superficiales a problemas profundos, condenando a muchos productores al fracaso y a la desilusión.