El pasado sábado 27 de septiembre, durante su visita a Sinaloa, Claudia Sheinbaum dejó claro que el tema del maíz ocupa un lugar destacado en su agenda política de cara a 2026. Sin embargo, tras sus promesas, surge una profunda preocupación por la credibilidad de estas declaraciones, especialmente al recordar el poco apoyo que han recibido los productores agrícolas bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Es innegable que la Cuarta Transformación se ha caracterizado por su retórica incluyente respecto al campo mexicano, instando a los agricultores a sembrar más maíz y a impulsarse hacia una autosuficiencia que, sin embargo, no ha encontrado respaldo en políticas efectivas. Después de fomentar un aumento en la producción de maíz en el 2022, los productores fueron abandonados ante un mercado hostil, donde los precios prometidos se desplomaron de $7,000 a $5,000 por tonelada. El resultado fue desolador: una producción que apenas alcanza los 17 millones de toneladas en un país que consume 50 millones.

Es alarmante que en medio de esta crisis, el gobierno continúe ignorando las características del sector agropecuario nacional, así como su déficit en la producción de maíz. A pesar de contar con una cosecha máxima de 25 millones de toneladas, estamos lejos de satisfacer las necesidades nacionales. La sequía, que ha asediado al país, ha contribuido a esta situación, y sin embargo, parece que las autoridades insisten en ofrecer soluciones a corto plazo, omitiendo reconocer que México enfrenta desafíos estructurales que requieren atención inmediata y recursos adecuados.

Las promesas hechas por la presidencia de la República, en tiempos electorales o no, suelen ser un eco vacío si no vienen acompañadas de un presupuesto robusto.

El sector agropecuario apenas recibe 80,000 millones de pesos para atender las necesidades de 32 estados y múltiples cultivos. Este presupuesto resulta irrisorio cuando se considera la magnitud de la infraestructura requerida y la carencia de instituciones que puedan ofrecer apoyo financiero sustentable.

La eliminación de programas como FIRA y ASERCA, así como las fusiones que han debilitaron estructuras como Diconsa y liconsa, han dejado huellas dolorosas en el campo mexicano.

Se podría argumentar que estas acciones, lejos de democratizar el acceso a recursos, han contribuido a la marginalización de muchos productores, que ahora dependen de importadores que ejercen un control casi monopólico sobre precios y suministros. La falta de apoyo significa que los pequeños y medianos productores se ven obligados a lidiar con coyotes y empresas que, a menudo, los estafan con insumos de baja calidad.

En este contexto, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, aunque bien intencionadas, despiertan recelos. La historia reciente nos dice que confiar ciegamente en las promesas del gobierno puede resultar en un ciclo de decepción y abandono.

Los agricultores no solo necesitan palabras; requieren un plan estructural que les brinde seguridad y certidumbre en sus actividades. No es suficiente con proponer medidas; se deben detallar los mecanismos que llevarán a su implementación, así como garantizar que estas no queden en meras promesas vacías.

Los productores deben actuar con cautela. Un frente común que demande acciones concretas y un apoyo integral será esencial para rescatar al campo mexicano. La unión y la búsqueda de alternativas son imperativas, ya que esperar a que el gobierno cumpla sin exigencias puede resultar en una repetición de errores pasados. La historia de desencantos con la Cuarta Transformación ya es tangible, y el riesgo de caer nuevamente en una trampa de expectativas incumplidas es alto.

A medida que se acerque la visita de Julio Berdegué, el secretario de Agricultura, los productores de Sinaloa y del resto del país deben prepararse para plantear sus inquietudes y demandas de manera firme. No pueden permitirse ser arrastrados por promesas que no se traducen en acciones concretas. Esperamos que, tras el encuentro, los productores no sean dejados nuevamente en la incertidumbre, pues, en última instancia, son ellos quienes sostienen la columna vertebral del sistema alimentario mexicano.

Así que, mientras el gobierno despliega discursos optimistas, es el deber de los productores mantenerse alertas y demandar claridad. El futuro del maíz en México depende no solo de palabras, sino de un compromiso real por parte de aquellos que tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestra agricultura.