En la política, la coherencia debería ser el pilar fundamental para la credibilidad de cualquier gobierno. Pero en el caso de la llamada Cuarta Transformación (4T), ese pilar se ha convertido en una suerte de marco teórico de contradicciones que quienes gobiernan asumen con una frialdad pasmosa, como si el pueblo mexicano tuviera la memoria corta o la atención limitada para discernir entre lo dicho y lo hecho. Así, la 4T practica un doble discurso sistemático que desafía no solo la lógica, sino la dignidad cívica de sus gobernados.
Tomemos por ejemplo el manejo de las operaciones vinculadas a la extracción de Ismael Zambada y el asesinato de Héctor Melesio. La narrativa oficial juega al desdén: aseguran que no fueron enterados de las maniobras al mismo tiempo que la Fiscalía del Estado de Sinaloa lleva a cabo un montaje burdo que busca distraer y confundir. Es increíble, por decir poco, pretender que una operación de tal envergadura en territorio nacional haya ocurrido sin ningún conocimiento de las agencias de inteligencia mexicanas, cuando sabemos que en materia de seguridad nacional no hablamos de improvisaciones, sino de una compleja red de acuerdos y reconocimientos recíprocos incluso con actores internacionales como Estados Unidos.
Que un avión norteamericano circule y opere durante días en nuestro espacio aéreo sin ser detectado es un insulto a la razón y a la competencia del propio Estado mexicano. ¿Acaso los gobiernos implicados son tan ingenuos o tan negligentes? O más bien, ¿acaso todo forma parte de una estrategia calculada para mantener esa ambigüedad conveniente, donde nada se confirma ni se desmiente con contundencia? Esto obedece a una forma perversa de proteger a miembros de la 4T, varios de ellos bajo sospecha o prácticamente en flagrancia, evadiendo arrestos, investigaciones serias o procesos judiciales claros. Más de cien casos amparados por esta sombra oficial.
La segunda carta de el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado por el caso de huachicol fiscal, donde denuncia obstrucción para acceder a pruebas y un trato parcializado, abre una herida aún más profunda. Cuando Claudia Sheinbaum promete gobernar para todos, sin mentiras ni engaños, y luego niega derechos fundamentales en defensa de alguien que asegura su inocencia, se acentúa la percepción de un sistema judicial y político al servicio de intereses particulares, no de la justicia ni de la sociedad. El uso tramposo de la figura de asunto de seguridad nacional para limitar el acceso a información crucial no solo vulnera derechos humanos básicos, sino que exhibe el miedo a la verdad.
Este cúmulo de situaciones nos habla de una maquinaria donde la defensa incondicional de la 4T roza la complicidad con el abuso de poder, la negación sistemática de evidencias y la creación de una narrativa oficial que divide, distrae y polariza, señalando a los supuestos «neoliberales» como responsables de todas las críticas y acusaciones. Sin embargo, el desgaste es palpable, el cansancio social evidente y el daño al tejido democrático irreversible si no se reorienta el rumbo.
La política no puede sustentarse en discursos incompletos ni en simulacros de transparencia. La sociedad mexicana merece, exige, y tiene el derecho inalienable a un gobierno coherente que enfrente sus errores con honestidad y deje de utilizar el doble lenguaje como instrumento de manipulación. Solo así podrá rescatarse algo de la esperanza que la 4T inicialmente despertó y evitar que este precipicio al que nos conducen se convierta en un abismo del que no sepamos salir.
