En México, la relación entre los contribuyentes y la autoridad hacendaria suele ser una de tensión y desconfianza. Desde las auditorías fiscales hasta las notificaciones de créditos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ejercen facultades que, aunque legítimas, pueden volverse un laberinto burocrático abrumador para los ciudadanos. En este contexto, el derecho del contribuyente a ser asistido por un asesor en cualquier actuación de la autoridad fiscal no es un mero privilegio, sino una garantía fundamental para equilibrar la balanza de poder.
Este derecho, aunque no siempre visible en el día a día de los contribuyentes, se encuentra respaldado por el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC). De manera clara, estas normas establecen que todo contribuyente tiene la posibilidad de contar con el apoyo de un representante legal o asesor técnico que lo guíe en auditorías, requerimientos de información y cualquier otro acto de fiscalización. Sin embargo, en la práctica, este derecho no siempre se respeta o ejerce con la fuerza que merece.
El SAT, IMSS, INFONAVIT, al igual que cualquier autoridad recaudadora, tiene un mandato claro: asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero en su afán por incrementar la recaudación, en ocasiones olvida que los contribuyentes también tienen derechos. No es raro escuchar historias de personas que enfrentan auditorías sin saber exactamente qué se les está requiriendo, sin entender si deben o no entregar cierta información, y sin poder cuestionar adecuadamente las acciones de los funcionarios. En estos casos, un abogado o contador no solo es un apoyo técnico, sino una barrera de protección ante posibles abusos administrativos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) han reconocido en múltiples ocasiones que una auditoría debe conducirse con estricto apego a las garantías del contribuyente. Desde la entrega de la carta de derechos al inicio del proceso hasta la posibilidad de corregir la situación fiscal antes de que se emita un crédito, todo el procedimiento debe permitir que el contribuyente actúe con plena información y asistencia. Pero cuando estos derechos no se respetan, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, el contribuyente podrá impugnar la determinación fiscal, pero esto implica tiempo, dinero y una batalla legal desgastante.
El problema de fondo es que en México aún persiste una cultura de temor fiscal, donde muchos ciudadanos y empresarios ven a la autoridad recaudadora como un ente inapelable, cuando en realidad cualquier acto de fiscalización debe estar sujeto a control y revisión. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha jugado un papel clave en promover este derecho, ofreciendo asesoría y representación gratuita a quienes enfrentan conflictos con la autoridad tributaria. No obstante, aún hace falta mayor difusión y educación sobre la importancia de contar con asesoría profesional desde el primer momento en que la autoridad fiscal toca la puerta.
Ejercer el derecho a ser asistido por un asesor no es un signo de evasión ni un intento de burlar la ley. Al contrario, es una muestra de responsabilidad y conocimiento del sistema fiscal. Un contribuyente informado y bien asesorado puede enfrentar con seguridad cualquier requerimiento de cualquier autoridad que tenga el carácter de fizcalizador, asegurándose de que el procedimiento se lleve a cabo con transparencia y conforme a derecho.
El reto está en hacer que este derecho sea efectivo para todos. Las autoridades deben ser las primeras en respetarlo y garantizar que sus funcionarios no obstaculicen la presencia de asesores durante las diligencias. Al mismo tiempo, los contribuyentes deben tomar conciencia de que una fiscalización sin preparación es como entrar a una negociación sin abogado: un riesgo innecesario. En un país donde el cumplimiento fiscal es cada vez más estricto, el derecho a ser asistido debe ser visto no como una opción, sino como una herramienta esencial para garantizar la justicia tributaria.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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