Para nuestro amigo Rubén Elías Gil Leyva y toda su familia, un fuerte abrazo por el fallecimiento de su hermano Jorge Raúl DEP

La Cámara de Diputados de Sinaloa, junto con su organismo complementario, la Auditoría Superior del Estado (ASE), se enfrenta a una dura realidad: el gasto anual de casi 700 millones de pesos para resultados que, comparados con la magnitud del dinero invertido, resultan ser una de las peores decisiones para los sinaloenses. En un estado donde las necesidades son apremiantes y las carencias evidentes, el rendimiento de estas instituciones es, cuando menos, decepcionante.

La 64.ª legislatura, bajo la presidencia de Feliciano Castro, dejó un legado de ineficiencia. Se dedicó más a conflictos interminables con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y sus problemas judiciales que a abordar los verdaderos retos que enfrenta la entidad, olvidando que su función primordial es trabajar por y para la ciudadanía. Al dar paso a la 65.ª legislatura, dirigida por Tere Guerra, el panorama no ha cambiado: los problemas de Sinaloa siguen sin resolverse, y la relación con el gobierno estatal y los municipios es tensa y poco productiva.

A medida que se acerca el primer aniversario de esta nueva legislatura, el balance es desalentador. Si consideramos la inversión realizada por los sinaloenses en su Congreso, cabría esperar que tuviéramos legislaciones innovadoras, investigaciones que fueran al fondo de los problemas, o al menos un seguimiento efectivo a los diversos informes que emanan de las dependencias gubernamentales. Sin embargo, hasta ahora, la realidad es otra: la fiscalía general del estado está en crisis, y la secretaría de seguridad pública parece incapaz de abordar el creciente problema de la violencia en Sinaloa.

En paralelo, la ASE, con su considerable nómina de más de 400 empleados, resulta inexplicable ante el escaso trabajo realizado. Convertida en un instrumento a la medida de intereses políticos, su labor de fiscalización es, en muchos casos, manipulada por el poder legislativo y la misma fiscalía. Lo que debiera ser un espacio de control y evaluación se ha transformado en un campo de batalla política donde la justicia parece ser un concepto lejanamente utópico.

Bajo el mando de la Cuarta Transformación (4T), los diputados parecen haber asumido un rol de sumisión frente al gobernador, convirtiéndose en meros títeres dentro de un juego de poder donde las políticas se amoldan a conveniencias partidistas. Este entorno reduccionista no solo limita su capacidad de acción, sino que también traiciona los ideales de aquellos que lucharon por construir una democracia más representativa y alejada de la corrupción que marcó la era priista.

Es triste observar cómo, tras décadas de esfuerzo por democratizar y liberar a Sinaloa de viejas prácticas, se esté regresando a un modelo político que recuerda aquel régimen autoritario. La esencia del liberalismo, que había comenzado a florecer en nuestras instituciones, se ve hoy amenazada por dogmas de partido que priorizan la lealtad ciega sobre el bienestar de la ciudadanía.

Así, el futuro de la política en Sinaloa se presenta sombrío, y el desafío radica en recuperar los espacios perdidos en beneficio de una población que merece ser escuchada y atendida. Al final, el verdadero compromiso debería estar en erradicar la clientelización y reenfocar sus esfuerzos hacia el desarrollo integral del estado, antes de que la frustración y la indignación popular alcancen niveles insostenibles.