No cabe duda de que los sinaloenses hemos atravesado una época inusitadamente difícil, complicada y dolorosa en estos últimos 22 meses desde la captura de Ismael Zambada el pasado 25 de julio de 2024. Lo que parecía un golpe certero al corazón del crimen organizado dio paso a una guerra intestina que ha fracturado aún más el ya frágil tejido social de Sinaloa. Queremos pensar —con esa ilusión de esperanza que se aferra al alma— que esta angustia, este miedo y dolor están por concluir; sin embargo, estoy convencido de que estamos equivocados y que lo que se avecina puede ser aún peor.

El caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y su involucramiento en ilícitos, o al menos así lo dice el gobierno americano, ha creado un escenario no solamente de incertidumbre, sino de potenciales escenarios nefastos para nuestro estado y el país en general. ¿Cuáles son, entonces, las salidas posibles? Básicamente, tres, aunque ninguna de ellas siquiera roza una solución definitiva ni mucho menos tranquilidad para Sinaloa.

Primero, que la Fiscalía General de la República acepte y proceda con las solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos. Esto implicaría una faceta compleja de confrontación política y social, pues significaría no solo un golpe simbólico a la llamada “4T” —la llamada Cuarta Transformación— sino una fractura profunda y visible en todos los niveles de gobierno. La factura política por aceptar la extradición sería altísima, con consecuencias que nos pueden estar condenando a un periodo de inestabilidad prolongado y a un reacomodo de poder que nadie desea ni controla.

La segunda opción es que la Fiscalía decida que existen elementos suficientes para iniciar procesos judiciales aquí en México contra los señalados en el escándalo, abriendo así un camino tortuoso y largo que no garantiza justicia ni paz social. En este supuesto, se desataría un entramado político complicado, plagado de maniobras dilatorias, desafueros y licencias, que al final podría terminar con un interinato o con una continuidad administrativa francamente cuestionable. A lo más que podríamos aspirar es a un culebrón político interminable que mantenga el estado en vilo, pero sin resolver el fondo del problema: la crisis de la criminalidad organizada y su vínculo pernicioso con la política.

Finalmente, la tercera opción, que la Fiscalía de plano rechace las solicitudes de extradición de Estados Unidos y opte por resolver internamente estos casos. Tal desenlace no es garantía de tranquilidad: liberaría a los señalados —por supuesto, bajo condiciones jurídicas que preserven sus derechos— pero abriría una herida aún más grave en la relación bilateral con Washington, dando pie a un choque de intereses que podría profundizar la fractura social y política. Este escenario, además, podría interpretarse como una declaración tácita de ruptura con los Estados Unidos, lo que no es poca cosa dado el contexto geopolítico y la dependencia mutua en materia de seguridad y economía.

El telón de fondo de estas opciones es la comparecencia programada para los próximos 27 y 28 de mayo, donde tanto Rubén Rocha Moya como sus coacusados, así como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, serán llamados a declarar. Es ahí, en esos días cruciales, donde se definirá no solo la conducción judicial de cada uno, sino también los acuerdos —o desacuerdos— entre la Fiscal General, el gobierno federal mexicano y los representantes estadounidenses como Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos  y Jamieson Greer, representante comercial.

Lo que está en juego va mucho más allá de unos simples procesos jurídicos. Es una batalla política, social y hasta simbólica sobre quién define el rumbo de nuestro país y, en particular, el de Sinaloa, que se debate desde hace décadas entre la sombra del crimen organizado y la fragilidad institucional. La crisis no es solo del narco o del gobierno, es la crisis de asociación perversa que permea nuestro sistema y nuestra convivencia social.

El futuro es incierto y, para desgracia de los sinaloenses, las alternativas que hoy se vislumbran no son alentadoras. No hay, por el momento, una salida clara que garantice un cambio radical para mejor. Solo resta esperar y prepararnos para tiempos difíciles, porque la tormenta política y social apenas está iniciando, y las decisiones próximas definirán si seguimos en espiral descendente o si somos capaces, finalmente, de encender una luz de esperanza real para nuestro estado y nuestro país.

Ojalá y no sea para peor. Ojalá esta vez el último acto no sea el más oscuro. Pero la historia reciente nos obliga a mirar con cautela, porque los días aciagos siguen muy presentes, y el reto es monumental.