Batallas perdidas, pero indispensables

Miles de representantes de municipios, estados, instituciones locales y federales se aprestan, una vez más, a defender causas que parecen condenadas de antemano. Entre ellos estarán quienes intentan proteger al sector agropecuario y pesquero, las fuentes primarias de nuestra alimentación, así como a las universidades públicas, tan vapuleadas durante las últimas décadas. Son, en buena medida, batallas de David contra Goliat: esfuerzos legítimos frente a un poder que parece no escuchar, no ver y, sobre todo, no estar dispuesto a corregir.

La tentación de rendirse es comprensible. También lo es la de asumir una subordinación ante un gobierno que pretende que los afectados por sus decisiones, después de padecerlas, terminen aplaudiéndolas. Pero precisamente por eso las luchas deben darse, incluso cuando las probabilidades de éxito sean reducidas. Lo peor no es perder una batalla; lo verdaderamente grave es renunciar a librarla.

Por ahí anda el sinaloense Baltazar Valdez, dirigente del Frente Nacional para Rescatar el Campo Mexicano. Es un líder campesino de esos que han aprendido a resistir sin grandes recursos y sin demasiadas ilusiones, pero con una convicción firme: el modelo agrícola mexicano debe cambiar. No funciona para garantizar productividad, rentabilidad ni sustentabilidad.

El miércoles pasado, Valdez y otros productores fueron recibidos por una comisión de diputados federales. Volvieron a explicar lo evidente: la agricultura mexicana no puede competir en condiciones semejantes con la estadounidense. Las asimetrías en financiamiento, subsidios, créditos, infraestructura, seguros y protección de mercados son enormes. No se trata de pedir privilegios, sino de dejar de competir con una mano atada a la espalda.

El caso del maíz resulta ilustrativo. Estados Unidos produce alrededor de 450 millones de toneladas, frente a los 25 millones de México. Su volumen es aproximadamente catorce veces mayor y su costo de producción ronda los 150 dólares por tonelada, mientras que en México alcanza cerca de 350 dólares. A ello se agregan los apoyos estadounidenses en insumos, maquinaria, seguros y financiamiento. Del lado mexicano hay créditos caros, insumos sin control de precios y ninguna certeza respecto del mercado.

La situación se vuelve todavía más absurda cuando se permite a empresas industriales importar maíz a precios cercanos a 170 dólares por tonelada, ya puesto en México, mientras al productor nacional se le pretende comprar mucho más caro y sin garantizarle una utilidad razonable. El productor mexicano queda atrapado entre costos elevados, precios inciertos y una competencia externa subsidiada. Así no hay política agrícola que resista.

Algo semejante ocurre con las universidades públicas estatales. Las 35 instituciones reciben, en conjunto, alrededor de 81 mil millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de apenas 1.5%, por debajo de una inflación estimada en 3.7%. En términos reales, perderán recursos. El déficit acumulado, que según el presidente de la ANUIES asciende a 50 mil millones de pesos, podría crecer hasta 55 mil millones. Y después nos preguntaremos por qué las universidades enfrentan problemas financieros, laborales y académicos.

Lo más grotesco es la danza de cifras. Para algunas prioridades siempre aparece el dinero. La Auditoría Superior de la Federación señaló que, tras autorizarse mil millones de pesos para el Tren Maya, se terminaron ejerciendo 130 mil millones. La lección es sencilla: recursos hay; lo que falta es una asignación racional, transparente y sometida a evaluación.

El campo y las universidades no deberían convertirse en enemigos del gobierno por exigir condiciones mínimas de viabilidad. Defenderlos no es sabotear al Estado, sino proteger el futuro del país. Aunque muchas de estas batallas parezcan perdidas, deben librarse. Porque una sociedad que deja de reclamar termina aceptando, sin darse cuenta, que la obediencia sustituya a la ciudadanía.