Mientras la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa sigue cobrando vidas y generando temor, otra víctima colateral —menos visible pero igual de crítica— es la economía de Culiacán. El conflicto ha transformado a esta ciudad, otrora pujante y estratégica en el noroeste del país, en un campo de batalla que ha paralizado negocios, destruido empleos y asfixiado el desarrollo local.
Las cifras son contundentes: más de 30 mil empleos perdidos, 108 empresas cerradas y pérdidas superiores a los 900 millones de dólares. Pero detrás de estos números hay historias humanas —familias sin ingresos, jóvenes sin oportunidades, comerciantes que cada día abren con miedo o, peor aún, ya no abren—. La violencia ha dejado de ser solo un problema de seguridad para convertirse en un obstáculo estructural que impide el progreso de Culiacán.
Eventos emblemáticos como la Expo Ganadera de Sinaloa han sido cancelados. Los negocios cierran temprano, las calles lucen vacías por las tardes y la militarización se ha normalizado. La población vive en un estado de tensión permanente, atrapada entre la inseguridad y la incertidumbre económica.
Y lo más grave es que no se trata de un episodio aislado. La economía local ha sido rehen de un conflicto que el Estado parece incapaz de frenar. El vacío institucional, la impunidad persistente y la falta de estrategias integrales de desarrollo han permitido que el crimen organizado tenga una capacidad de daño tan profunda que ni siquiera requiere disparar para imponerse: basta con estar presente.
Culiacán no necesita más patrullas ni más operativos reactivos. Necesita políticas públicas que devuelvan la confianza, incentivos que revivan a sus empresas, seguridad con justicia, y sobre todo, voluntad política real para recuperar la ciudad de manos del crimen.
Porque mientras los actuales acontecimientos deciden el rumbo de la economía, Culiacán pierde más que dinero: pierde futuro.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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