“Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo”, Robert Browning (1812-1889) Poeta inglés.

 

DESAFÍO

 

La violencia contra las mujeres en Sinaloa ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en uno de los indicadores más preocupantes de la crisis institucional que enfrenta el estado. Los asesinatos, las denuncias de agresiones y las dificultades para garantizar protección efectiva obligan a revisar una realidad que no puede explicarse solamente mediante operativos policiales o balances gubernamentales.

 

En ese contexto, el posicionamiento de Sergio “Pío” Esquer, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, merece un análisis que vaya más allá de la confrontación partidista. Su exigencia de transparentar las cifras de feminicidios y evaluar los resultados de las estrategias de seguridad toca un asunto fundamental: la obligación del Estado de demostrar que sus instituciones están protegiendo a las mujeres.

 

La discusión cobra mayor relevancia por los datos que han circulado sobre la violencia feminicida. Según las cifras atribuidas a la Fiscalía General del Estado, entre enero y septiembre de 2026 fueron asesinadas 115 mujeres en Sinaloa, de las cuales 99 casos fueron clasificados como feminicidios y 16 como homicidios dolosos. Son cifras que, por su gravedad, exigen una explicación pública detallada sobre su integración y actualización.

 

Aquí aparece una primera cuestión que no debe pasar inadvertida. El feminicidio y el homicidio doloso de una mujer son categorías jurídicas diferentes, aunque ambas reflejan la pérdida violenta de vidas. La clasificación depende de los elementos de cada investigación, por lo que cualquier modificación estadística debe explicarse con claridad, sin que ello signifique anticipar conclusiones sobre las responsabilidades penales.

 

La transparencia no es un asunto secundario. Cuando existen diferencias entre los reportes mensuales, los registros de las fiscalías y las cifras difundidas públicamente, las autoridades tienen la responsabilidad de explicar los ajustes. De lo contrario, se abre espacio para la desconfianza ciudadana y para interpretaciones políticas que pueden distorsionar la dimensión del problema.

 

Pero el debate de fondo es todavía más amplio.

 

Sinaloa arrastra una crisis de violencia que ha alterado la vida cotidiana de numerosas comunidades. En ese escenario, las mujeres enfrentan riesgos que no se limitan a los enfrentamientos entre grupos delictivos. La violencia familiar, las amenazas, las agresiones sexuales, las desapariciones y los asesinatos por razones de género requieren respuestas diferenciadas, instituciones especializadas y mecanismos de protección que funcionen antes de que ocurra una tragedia.

 

No basta con incrementar patrullajes o anunciar detenciones si una mujer que denuncia amenazas no encuentra atención inmediata, si las órdenes de protección carecen de seguimiento o si las investigaciones avanzan con lentitud. La eficacia de una política pública debe medirse también por su capacidad de prevenir delitos, no solamente por reaccionar cuando ya ocurrieron.

 

El antecedente de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declarada en 2017 para cinco municipios de Sinaloa, resulta especialmente importante. Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato fueron incluidos en ese mecanismo precisamente por la necesidad de implementar acciones extraordinarias de prevención, seguridad y justicia.

 

A casi una década de aquella declaratoria, la pregunta resulta inevitable: ¿qué avances concretos han tenido las medidas adoptadas y cuáles siguen sin producir los resultados esperados?

 

No se trata de afirmar que nada se ha hecho. Existen instituciones, programas de atención, mecanismos de denuncia y acciones gubernamentales que deben ser considerados. Sin embargo, su existencia administrativa no demuestra por sí misma su efectividad. Es indispensable conocer cuántas mujeres fueron protegidas oportunamente, cuántas denuncias derivaron en investigaciones, qué proporción de los casos llegó ante un juez y cuántas sentencias se obtuvieron.

 

En ese punto, la exigencia de Sergio “Pío” Esquer encuentra una base razonable. Pedir información pública desagregada por municipio, tipo de delito y resultado de las investigaciones permitiría evaluar mejor las políticas de seguridad y detectar dónde se concentran las mayores deficiencias.

 

También es necesario establecer los límites de la responsabilidad política. La gobernadora Graciela Domínguez Nava tiene la obligación de conducir y coordinar las políticas estatales de prevención y seguridad, pero la investigación penal corresponde a una Fiscalía con autonomía constitucional. Los municipios, por su parte, tienen responsabilidades en prevención, atención inmediata y coordinación policial.

 

Esa distribución de facultades no debe utilizarse para evadir responsabilidades. Por el contrario, exige mecanismos claros de colaboración, intercambio de información y seguimiento de los casos.

 

Desde la oposición, Movimiento Ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de cuestionar los resultados del gobierno. Pero la crítica de Esquer ganaría mayor fuerza si se acompaña de propuestas concretas, presupuestos identificables y mecanismos de evaluación. La seguridad de las mujeres necesita acuerdos institucionales capaces de trascender los calendarios electorales.

 

Sería un error convertir los feminicidios en una herramienta de competencia política rumbo a 2027. También lo sería descalificar cualquier cuestionamiento por provenir de un dirigente opositor. La gravedad del problema obliga a escuchar las críticas, contrastarlas con evidencia y responder con acciones verificables.

 

Hay un componente que merece especial atención: la prevención temprana. Muchas formas de violencia contra las mujeres ocurren en entornos familiares, laborales o comunitarios y pueden estar precedidas por amenazas, agresiones o conductas de control. Identificar esos riesgos y actuar oportunamente requiere personal capacitado, atención psicológica y jurídica, refugios disponibles y seguimiento efectivo de las medidas de protección.

 

La seguridad tampoco puede desvincularse de la autonomía económica. Una mujer que depende financieramente de su agresor puede enfrentar mayores obstáculos para denunciar o abandonar una situación de violencia. Por ello, la protección debe articularse con políticas de empleo, vivienda, salud y asistencia social.

 

El problema demanda, además, una revisión seria de los recursos destinados a las instituciones responsables. No es suficiente anunciar programas si carecen de personal, cobertura territorial o presupuesto para operar. Cada dependencia debe explicar qué hace, cuánto invierte y cuáles son sus resultados.

 

En el caso de la Fiscalía, la información sobre carpetas de investigación, judicializaciones y sentencias permitiría identificar si existen obstáculos en la integración de los expedientes, en la obtención de pruebas o en el acompañamiento a las familias. No basta conocer cuántos delitos se denuncian; es indispensable saber qué sucede después.

 

La discusión planteada por Esquer también representa una oportunidad para que el Gobierno del Estado fortalezca su comunicación pública. Reconocer la dimensión de un problema no significa admitir que todas las políticas han fracasado. Significa asumir que la ciudadanía merece diagnósticos completos, incluso cuando los resultados no son favorables.

 

La credibilidad gubernamental no se construye seleccionando únicamente los indicadores que muestran avances. Se fortalece cuando las autoridades explican los retrocesos, identifican sus causas y presentan medidas para corregirlos.

 

En Sinaloa, donde la violencia ha condicionado durante años la conversación pública, la protección de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario y permanente. No puede depender de una declaración opositora, de un caso que genere indignación o de la difusión de un nuevo reporte estadístico.

 

La exigencia de Sergio “Pío” Esquer es pertinente en la medida en que obliga a discutir resultados y transparencia. Su siguiente desafío será sostener esa postura con propuestas y seguimiento. Para las autoridades, el reto es mayor: demostrar que la coordinación institucional puede traducirse en menos víctimas y mayor acceso a la justicia.

 

Porque la seguridad de las mujeres no se acredita con el número de reuniones celebradas, los operativos anunciados ni los discursos pronunciados.

 

Se demuestra cuando una denuncia recibe atención, cuando una amenaza se toma en serio, cuando una medida de protección funciona y cuando un crimen no queda impune.

 

Y mientras una mujer tenga que preguntarse si las instituciones podrán protegerla antes de que sea demasiado tarde, Sinaloa seguirá teniendo una deuda que ninguna cifra oficial puede dar por saldada.

 

ERRORES

 

Hay errores políticos que se corrigen con una explicación, otros que requieren una disculpa y algunos que terminan por revelar las debilidades de quienes aspiran a gobernar. Lo ocurrido con Merary Villegas Sánchez en la Concha Acústica del Parque Constitución pertenece a esta última categoría. Y sus consecuencias podrían ser mucho mayores de lo que la diputada federal imagina.

 

Apenas comenzaba a posicionar su aspiración por la presidencia municipal de Culiacán cuando una asamblea informativa de Morena terminó convirtiéndose en una crisis de imagen, sensibilidad y credibilidad. El problema no fue solamente la utilización de un espacio público, sino que su actividad coincidió con una presentación infantil de danza previamente programada, obligando a las familias a trasladarse a unas canchas expuestas al sol.

 

Las madres denunciaron que las niñas llevaban meses preparándose y que habían solicitado el espacio desde abril. En medio de la reubicación, también se reportó que un menor necesitó atención por complicaciones relacionadas con el calor. La imagen política resultó devastadora: mientras una aspirante hablaba de cercanía con el pueblo, familias que habían organizado una actividad cultural enfrentaban las consecuencias de una decisión administrativa que terminó favoreciendo al acto político.

 

Y aquí aparece el primer error de Merary: no dimensionar lo ocurrido.

 

Su reacción inicial fue asegurar que desconocía la situación, defender la existencia de un permiso y cuestionar si las madres contaban con documentación. Aunque sostuvo que el espacio le había sido autorizado, la respuesta transmitió una preocupación mayor por justificar su evento que por reconocer inmediatamente el malestar de las familias.

 

Después llegó el segundo problema. Se conoció un oficio fechado el 14 de octubre, relacionado con la solicitud del espacio, que contenía la anotación de extemporáneo. Además, surgieron cuestionamientos sobre las diferencias entre el área solicitada y la utilizada. Esos documentos requieren una aclaración completa por parte de las autoridades responsables de las instalaciones, pero políticamente debilitaron la defensa pública de la legisladora.

 

La tercera equivocación fue intentar reparar el daño cuando la indignación ya había crecido. Merary ofreció disculpas, aseguró que había hablado con la maestra de las niñas y manifestó su disposición de apoyar una nueva presentación. El gesto era necesario, pero llegó después de una respuesta inicial que había dejado una impresión desfavorable.

 

Una disculpa puede reconocer un error, pero no necesariamente recupera la confianza perdida.

 

También existe una responsabilidad que corresponde al Ayuntamiento de Culiacán y a los administradores del espacio. Deben explicar quién autorizó las actividades, qué permisos existían y por qué se permitió una coincidencia que perjudicó a las familias. Sería incorrecto atribuir exclusivamente a Villegas todas las decisiones administrativas sin esclarecer esa cadena de responsabilidades.

 

Sin embargo, en política la responsabilidad no termina donde comienza la competencia formal de una autoridad. Quien aspira a gobernar debe demostrar capacidad para anticipar conflictos, escuchar inconformidades y resolver problemas antes de que se conviertan en crisis.

 

Y eso fue precisamente lo que faltó.

 

Merary Villegas llegó a esta etapa con trayectoria partidista, experiencia legislativa y una aspiración legítima dentro de Morena. Su registro para la coordinación municipal pretendía proyectarla como una opción competitiva rumbo a 2027. Pero en cuestión de horas, la conversación pública dejó de concentrarse en sus propuestas para Culiacán y comenzó a girar alrededor de las niñas desplazadas, los permisos cuestionados y sus explicaciones posteriores.

 

El costo político es particularmente delicado porque ocurre al inicio del proceso interno, cuando los aspirantes necesitan ampliar su aceptación ciudadana y evitar episodios que comprometan su imagen.

 

Mientras otros perfiles, como Tere Guerra y Jesús Ibarra, buscan construir posicionamiento dentro de Morena, Merary tendrá que dedicar parte de sus esfuerzos a recuperar una credibilidad que ella misma contribuyó a deteriorar con su manejo de la controversia.

 

No existe todavía una encuesta pública que permita afirmar que su aspiración está matemáticamente descartada. Pero desde el análisis político, considero que este episodio puede representar el punto de quiebre de su proyecto por la alcaldía.

 

Y no necesariamente por el error administrativo original, sino por las pifias cometidas al intentar justificarlo.

 

La política contemporánea exige algo más que experiencia, estructura y capacidad de convocatoria. Exige sensibilidad. Una persona que pretende gobernar Culiacán debe comprender que ninguna concentración partidista puede resultar más importante que el respeto a los ciudadanos y sus actividades.

 

Merary todavía podrá participar en el proceso interno y defender sus aspiraciones. Ese derecho permanece intacto. Lo que quedó seriamente comprometido es la confianza que necesita para convertirse en una alternativa convincente.

 

En mi lectura, su carrera por la alcaldía de Culiacán recibió un golpe que puede resultar definitivo. No porque sus adversarios hayan construido una estrategia para desplazarla, sino porque una actividad destinada a fortalecer su candidatura terminó exhibiendo debilidades en su capacidad de respuesta.

 

Quiso iniciar su camino hacia el Ayuntamiento hablando de transformación, pero terminó explicando por qué unas niñas tuvieron que cambiar de escenario.

 

Y esa es la contradicción que puede marcar el final de su aspiración.

 

Porque en política no siempre se pierde una candidatura en las urnas o en las encuestas. A veces se pierde mucho antes, cuando se demuestra que todavía no se entiende a quién se pretende representar.

 

REGISTRO

 

La carrera política por la presidencia municipal de El Rosario comienza a tomar forma y Mailen Delgado Rendón ha decidido entrar a la competencia interna de Morena con un elemento que puede jugar a su favor: una trayectoria de tres décadas en la vida pública y el conocimiento de la administración municipal.

 

Su registro para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional estuvo acompañado de una importante movilización de simpatizantes, una señal de capacidad de convocatoria que, aunque no garantiza resultados, sí representa un punto de partida para sus aspiraciones.

 

Delgado Rendón cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Ayuntamiento. Fue tesorera municipal durante la administración de Teresa Osuna, mientras que con Claudia Valdez desempeñó responsabilidades como oficial mayor y secretaria del Ayuntamiento. A ello suma su paso por la docencia en Cobaes y Conalep.

 

Esta combinación de experiencia administrativa, formación educativa y relaciones políticas constituye una de sus principales fortalezas. Sin embargo, también la coloca frente a la responsabilidad de explicar qué resultados obtuvo en sus anteriores encargos y qué propone hacer diferente por el municipio.

 

Su incorporación ocurre cuando la diputada Rosario Sarabia Soto también ha formalizado sus aspiraciones, anticipando una competencia interna que podría definirse tanto por el trabajo territorial como por la capacidad de construir acuerdos.

 

Para Mailen Delgado, el desafío será transformar sus años de experiencia en una propuesta que conecte con las necesidades actuales de las comunidades rosarenses.

 

Porque conocer el funcionamiento de un Ayuntamiento representa una ventaja, pero convencer a los ciudadanos de que se puede gobernar mejor es lo que verdaderamente marca la diferencia.

 

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

 

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