* Entre la transformación y el riesgo del retroceso
Es casi un hecho que, si las gestiones del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, no prosperan y no se concretan acuerdos sustanciales para fortalecer el presupuesto universitario, el Gobierno federal habrá dado un duro golpe al proceso de transformación de la UAS. No se trata únicamente de asignar recursos a una institución educativa; está en juego la continuidad de un proyecto que, desde 2025, ha comenzado a producir avances estructurales en las finanzas, el funcionamiento y los rendimientos de la UAS.
En menos de dos años, la universidad ha enfrentado problemas que durante décadas representaron cargas, inercias y obstáculos difíciles de remover. Uno de ellos es el fideicomiso destinado a financiar la jubilación dinámica o doble pensión, prestación que llegó a consumir alrededor del 35 por ciento del presupuesto universitario. La creación de este mecanismo representa un paso relevante para ordenar las finanzas y evitar que una obligación histórica continúe desplazando recursos destinados a la docencia, la investigación y la infraestructura.
También destaca la transformación del modelo educativo. La UAS ha comenzado a evolucionar de un esquema exclusivamente presencial hacia una modalidad bimodal, en la que aproximadamente la mitad de la enseñanza se desarrollará de manera presencial y la otra mitad a distancia. Este cambio no se limita a incorporar plataformas digitales: implica una profunda transformación tecnológica, así como la capacitación del personal académico y administrativo para utilizar las nuevas herramientas y mejorar la calidad de los procesos educativos.
A ello se suman los esfuerzos de reorganización administrativa en las distintas áreas de la institución. El propósito es generar sinergias, elevar la productividad y aprovechar mejor los recursos disponibles. Los resultados, según los indicadores reportados, han colocado a la UAS como la tercera universidad pública estatal del país por el número de profesores e investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, con casi 700 integrantes y un crecimiento superior al 100 por ciento en los últimos cinco años.
Tampoco es menor que la UNAM y la UAS se encuentren entre las instituciones mexicanas con mayor número de programas educativos acreditados por organismos como CIEES y COPAES. En el nivel medio superior, la universidad ha mantenido un liderazgo nacional, alcanzando una cobertura prácticamente universal y aportando el 11 por ciento de los 200 mil nuevos bachilleres contemplados en el plan nacional de la presidenta de la República.
Por eso resulta contradictorio que la Comisión de Hacienda y Crédito Público haya dictaminado, el pasado 8 de octubre, la Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo federal sin modificarle “ni un punto ni una coma”, como informó su presidente, el diputado Carol Antonio Altamirano. Se trata de una propuesta que parte de un déficit de 1.7 billones de pesos y que, en lugar de corregir desequilibrios, parece profundizar la política de austeridad: hacer lo mismo o más, pero con menos recursos.
Las universidades públicas del país ya habían advertido el problema. En la reunión nacional de ANUIES, celebrada a principios de septiembre, se señaló que la propuesta presupuestal elevaría el déficit acumulado de las instituciones de educación superior de 50 mil a 55 mil millones de pesos. Para la UAS, esto implicaría poner en riesgo avances que apenas comienzan a consolidarse.
Al final del día, persiste una deuda política con la educación superior. Todavía no se asume plenamente que las universidades son plataformas fundamentales para el desarrollo nacional. La ausencia de una visión de largo plazo, combinada con el crecimiento de la deuda pública —que aumentaría alrededor de 5 por ciento—, puede frenar transformaciones indispensables.
La austeridad sin estrategia no es eficiencia: es aplazamiento de los problemas. Y cuando se aplica a la educación, termina convirtiéndose en una amenaza contra el futuro del país.
